En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá anuló una acción de tutela que imponía restricciones a los operativos de bombardeo militar cuando existieran sospechas sobre la presencia de menores de edad en los sectores objetivo.
Tras el fallo, el Gobierno nacional indicó mediante un pronunciamiento oficial:
“La providencia permite que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente, observando en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario”.
Asimismo, la administración del presidente Gustavo Petro ratificó que se implementarán las acciones necesarias para salvaguardar a los menores que han sido instrumentalizados por organizaciones al margen de la ley.
“El Gobierno reitera, además, que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales constituyen graves violaciones de sus derechos. Su prevención y la protección integral de las víctimas seguirán siendo prioridades de las instituciones del Estado”, indicó la Presidencia en el texto.
A raíz de esta determinación judicial, la dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que en el transcurso de la actual administración se han documentado ocho decesos de menores en medio de acciones castrenses. Adicionalmente, el organismo precisó que en lo que va del año la cifra total de menores fallecidos en estas mismas circunstancias asciende a 17.
