El Congreso de la República dio por superado el vicio de trámite advertido por la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Tras dos jornadas de discusión, el Legislativo descartó las diez proposiciones radicadas sobre nueve artículos clave, con lo que la ley conserva íntegramente la redacción que había sido avalada en 2024.
El resultado en las votaciones fue prácticamente unánime a favor de mantener el articulado original: cinco modificaciones fueron negadas por la plenaria y otras cuatro resultaron retiradas por sus ponentes. Únicamente se registraron respaldos aislados para cambiar el artículo 36 (dos votos) y el artículo 11 (un voto). De esta forma, el Congreso cumplió con el requerimiento judicial antes de la fecha límite fijada para el viernes 30 de octubre. El resto de la norma, que ya superó el control de constitucionalidad, empezará a regir el 1 de abril de 2027.
Las razones para no modificar el articulado
El representante a la Cámara Octavio Cardona detalló los motivos por los cuales se desestimaron los cambios propuestos en la plenaria. Entre los puntos descartados figuraba el traslado del manejo de bonos pensionales y cálculos actuariales hacia el Departamento Nacional de Planeación, aspecto que, según explicó, riñe con la gestión que ejerce el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, Cardona sostuvo que se negó la pretensión de dar plena autonomía a los fondos privados en materia de inversiones, al recordar que el Estado tiene la obligación de vigilar el ahorro individual de los trabajadores, además de considerar innecesaria otra propuesta sobre la titularidad de los recursos por estar debidamente reglamentada en la legislación vigente.
Comisiones de fondos privados y semanas para mujeres
Durante la sesión también se debatió una iniciativa impulsada por la congresista Jennifer Pedraza, con la que se buscaba suprimir un parágrafo que concede a los fondos privados una comisión del 0,7 % sobre el saldo acumulado de los aportes. Pedraza defendía que las administradoras privadas debían operar bajo las mismas condiciones de Colpensiones y pretendía restringir los autopréstamos en estas entidades. Ante la negativa de la plenaria, anunció que radicará una nueva iniciativa de ley para insistir en estos temas.
De igual manera, fue desestimada la propuesta en torno al artículo 36, que planteaba fijar en 1.000 semanas —y no en 850— el mínimo requerido para las mujeres beneficiarias de la rebaja de 50 semanas por cada hijo. Quienes promovían el ajuste advertían que la reducción actual podría comprometer las finanzas del sistema pensional y requería una revisión frente a las órdenes del alto tribunal.
Por su parte, el representante Víctor Manuel Salcedo resolvió retirar sus enmiendas con el propósito de blindar el proceso frente a eventuales fallas de forma. Al justificar su determinación, Salcedo cuestionó la dinámica política en el recinto, señalando que mientras la bancada gubernamental no operó de forma cohesionada, el Pacto Histórico mantuvo una presencia determinante.
