La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpeló formalmente al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional para que entreguen detalles sobre el desmonte de varias piezas y muestras que se encontraban en sus instalaciones.
La orden judicial pretende establecer si dichos objetos tienen conexión directa con el conflicto armado interno y si su extracción vulnera los derechos de las víctimas a la memoria y a no sufrir revictimización.
Esta acción de la justicia transicional surge tras la inquietud generada por la eliminación de distintas obras y carteles históricos, tales como afiches proselitistas de las campañas presidenciales de los dirigentes políticos ultimados en 1990, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, sumado a objetos simbólicos del desmovilizado movimiento guerrillero M-19.
La postura de la JEP frente a la memoria histórica
Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, Raúl Eduardo Sánchez, precisó que la entidad busca corroborar primero la conexión técnica de los artículos con la confrontación bélica antes de tomar decisiones de fondo.
“En el caso concreto, estamos tratando de indagar justamente sobre las exposiciones que reposaban en el Museo Nacional, si tienen o no algún tipo de vínculo o relación con el conflicto armado colombiano”, indicó el funcionario. Además, subrayó que “el derecho a la memoria implica justamente eso, que lo ocurrido, que lo narrado refleje lo que pasó efectivamente en la realidad”.
El magistrado detalló que el requerimiento se fundamenta en lo estipulado por las leyes 1922 y 1957, normativas que habilitan a la jurisdicción para dictar medidas cautelares pedidas principalmente por colectivos de víctimas. Dichos mecanismos normativos amparan tanto la integridad física y la búsqueda de desaparecidos como la salvaguarda de archivos y relatos sobre la historia de la guerra.
Una disputa sobre las narrativas del conflicto
Al referirse a la susceptibilidad que rodea la memoria del país, Sánchez advirtió sobre las tensiones existentes en torno a este concepto:
“Las medidas cautelares son impulsadas por las víctimas especialmente... buscan una serie de protección a sus derechos... derecho a la protección de la memoria, que es tan importante porque desafortunadamente la memoria bien se ha convertido en un campo digámoslo así, de batalla en la narración”.
En el expediente específico del Museo Nacional, la instrucción se tramita dentro de una medida cautelar enfocada en la memoria, la búsqueda y la articulación frente a la desaparición forzada. Según el magistrado, de confirmarse el nexo con el conflicto, será imperativo escuchar a los afectados, puesto que las miradas pueden divergir:
“Las exposiciones que puedan ser históricas... pueden decirnos: esas exposiciones podrán ser muy históricas, pero nos están revictimizando. Necesitamos que si se va a hacer algo histórico tenga un contexto mayor”.
Descartan motivaciones políticas
Frente a las preguntas de la prensa sobre si este llamado de atención al Ejecutivo obedecía a fricciones políticas recientes o a cuestionamientos sobre el presupuesto asignado a la justicia transicional, el magistrado rechazó de manera tajante cualquier injerencia o propósito externo.
“No, en lo absoluto... esto no tiene ningún tipo de relación ni vínculo, no, es simplemente el trabajo normal y cotidiano”, aseveró.
Por último, el magistrado recordó que la JEP ha emitido más de 80 medidas cautelares en el ámbito nacional, abarcando intervenciones previas en muestras del Centro Nacional de Memoria Histórica debido a peticiones de comunidades indígenas y víctimas. El tribunal aguardará el reporte oficial de la cartera de Cultura para analizar los pasos jurídicos a seguir y convocar a las partes involucradas a manifestarse.
