El futuro de la maternidad subrogada en el país enfrenta un nuevo pulso legislativo en el Congreso de la República, donde se analizan posturas encontradas que van desde la abolición total por riesgos a los derechos humanos hasta la defensa de una regulación estricta para frenar los abusos.
Argumentos a favor de la prohibición
El representante a la Cámara Luis Miguel López, uno de los promotores de la iniciativa, alertó que el territorio nacional se convirtió en un destino de turismo reproductivo debido a un vacío jurídico que ha permitido el funcionamiento de la actividad sin los controles necesarios. “La mujer ni el bebé son un producto que se puede alquilar o vender”, aseveró al defender la urgencia de prohibirla.
En la misma línea, Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, advirtió sobre las afectaciones físicas, mentales y emocionales que trae esta práctica. “La abolición implica reconocimiento del daño”, indicó, abogando por sanciones a quienes lucran con este modelo y por planes de reparación a las afectadas.
Por su parte, Ana María Idárraga, de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana, expuso el caso de una agencia internacional que operaba localmente y ofrecía reiniciar un programa sin costo si el lactante fallecía en sus primeros dos años de vida. “No se trata de una lavadora ni de un automóvil, se trata de un niño que ha muerto. No había visto una mercantilización pública del ser humano tan fuerte”, criticó.
Diana Muñoz, del Instituto Latinoamericano de la Familia, cuestionó el carácter altruista de estos acuerdos y señaló que el dinero persiste bajo la figura de reembolsos o bonos. Según indicó, más del 85 % de los ingresos por esta actividad en el país se quedan en manos de las agencias intermediarias.
La corporación Mujer Denuncia y Muévete, a través de Magda Alejandra Rodríguez, expuso el testimonio de una madre desplazada por el conflicto que buscaba sustento para sus hijos. Relató haber sufrido un trato deshumanizante en Medellín, tras lo cual no volvió a saber del recién nacido. “Me sentí desechada, han pasado 2 años y todavía me pregunto dónde está y cómo está”, expresó.
Asimismo, desde el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva recalcaron que las brechas económicas condicionan a las gestantes, mientras que Karen Tatiana Gómez apuntó que el consentimiento no es suficiente para validar una práctica que vulnera la dignidad.
Voces a favor de la regulación
En contraste, sectores partidarios de normar la actividad plantearon reparos a la penalización. Nicolás Fernández señaló que, si bien las malas prácticas deben constituir un delito, es indispensable fijar garantías jurídicas para todos los involucrados. Camila Tobón, con trayectoria en procesos de fertilidad, coincidió en castigar los excesos, pero advirtió que una prohibición castigaría también a los pacientes que dependen de estas alternativas.
Desde el ámbito médico, José Pablo Zafón argumentó que la gestación subrogada es una opción válida para mujeres sin útero, con fallas orgánicas o embarazos de alto riesgo. “Si lo penalizan, lo único que harán es llevarlo a la clandestinidad”, advirtió.
Zafón añadió que una pena de 120 a 192 meses no resuelve la situación de los embriones congelados ni de los procesos en curso. “¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les decimos? No los podemos atender”, cuestionó.
Las observaciones recopiladas durante esta audiencia servirán de insumo para los legisladores Carol Borda y Luis Miguel López en el debate que se surtirá en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
