Camilo Enciso, quien se desempeñó como secretario de Transparencia y actualmente lidera el Instituto Anticorrupción, interpuso una denuncia penal contra Gustavo Petro ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El recurso legal solicita indagar los presuntos beneficios contractuales otorgados a varias mujeres a cambio de favores sexuales, señalamientos que salieron a la luz en un informe de la revista Semana.
De acuerdo con el denunciante, las informaciones divulgadas exponen un presunto uso irregular de influencia y poder para favorecer vinculaciones laborales en distintas dependencias del Estado.
Frente a la gravedad de los hechos, Enciso advirtió que "esa conducta es evidentemente una conducta delictiva que amerita una respuesta urgente" tanto de la justicia ordinaria como de la célula legislativa. Por ello, solicitó a los entes competentes actuar con celeridad para que se "recaude y proteja las pruebas, pero sobre todo proteja a las víctimas" que aporten su testimonio al proceso.
El testimonio que originó la acción legal
El sustento del caso radica en las declaraciones de Deicy Jiménez, quien relató al citado medio haber establecido contacto con Petro en 2019, mientras este ejercía como senador, mediante una plataforma de contenidos para adultos.
Jiménez sostuvo que, tras un primer encuentro íntimo en Cali, sostuvo un vínculo de cinco años con él. En ese lapso, según su versión, obtuvo múltiples órdenes contractuales en:
- El Senado de la República.
- La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- El Ministerio del Interior.
La mujer afirmó que este esquema de contraprestación sexual habría involucrado a entre 30 y 40 mujeres más. Asimismo, mencionó un episodio relacionado con sustancias ilícitas, manifestando que recibió tres millones de pesos para comprar cocaína y trasladarla vía aérea hacia el apartamento del dirigente en Bogotá, aportando registros fotográficos de dinero y envolturas como presuntas evidencias.
Anuncio de nuevas acciones judiciales
A estas acusaciones se suman las declaraciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos. En el marco de un debate en la Comisión Segunda del Senado, el funcionario anunció que llevará a los estrados judiciales un caso por la supuesta "instrumentalización" de 48 mujeres contratadas por prestación de servicios (OPS) en la Casa de Nariño.
