A través de diferentes plataformas digitales se han multiplicado los mensajes de rechazo hacia los desmanes registrados en las recientes jornadas de protesta, así como los cuestionamientos a la convocatoria de un nuevo paro nacional en noviembre. En el debate público virtual, diversos usuarios han manifestado que la justicia debe operar con la misma severidad ante cualquier afectación a bienes públicos o establecimientos privados, al tiempo que cuestionan las posturas de sectores radicales de izquierda.
Quienes participan en estas conversaciones señalan que dichos movimientos no cuentan con avances representativos en materia de salud, educación, infraestructura o vivienda que justifiquen respaldo social. Por el contrario, varias publicaciones traen a colación el historial de violencia vinculado a organizaciones armadas ilegales como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, recordando crímenes como el secuestro, el reclutamiento forzado, el narcotráfico y el desplazamiento, para subrayar que la ciudadanía ha sido la principal afectada.
Otro de los aspectos más señalados ha sido el empleo de capuchas durante las marchas. Numerosos internautas afirman que la movilización pacífica debe ejercerse sin ocultar el rostro y exigen castigos contundentes contra quienes ocasionen daños materiales, respaldando sus quejas con grabaciones donde se observa a encapuchados rayando paredes con mensajes como «Abajo el gobierno» y «El pueblo». Asimismo, la exhibición de banderas alusivas a Palestina durante las concentraciones desató controversia entre usuarios que manifestaron su disposición de respaldar al actual mandato frente a lo que consideran presiones ilegítimas.
Panorama previo a las protestas de noviembre
Este ambiente de tensión se da poco después de las marchas realizadas los días 14 y 15 de octubre contra la administración de Abelardo de la Espriella, las cuales contaron con el llamado de sindicatos como Fecode, el Pacto Histórico y diversas organizaciones gremiales. Estos mismos sectores han anunciado una convocatoria de mayor alcance para noviembre, barajando fechas tentativas entre el 11, el 20 y el 24 de dicho mes.
De esta manera se hace evidente una marcada división: mientras los comités promotores insisten en que las marchas representan la defensa legítima de garantías laborales y educativas, en el entorno digital cobra fuerza el reclamo por el restablecimiento del orden público y el cumplimiento irrestricto de las leyes.
