La Procuraduría General de la Nación confirmó que mantendrá una vigilancia especial sobre el trámite legislativo de la reforma pensional, el cual se retomó por disposición de la Corte Constitucional.
En el transcurso de esta semana expira el plazo otorgado por el alto tribunal a la Cámara de Representantes para repetir la votación de nueve artículos específicos del proyecto. De acuerdo con la determinación judicial, el cuerpo principal de la normativa comenzará a implementarse en abril de 2027.
María Andrea Ulloa Ruiz, procuradora delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y de la Seguridad Social, le notificó formalmente al presidente de la corporación, el representante Nicolás Barguil, sobre el monitoreo estricto que adelantará el organismo de control.
En atención a lo anterior y con pleno respeto por la autonomía del Congreso de la República y las competencias propias de la función legislativa, consideramos de especial importancia que se continúen adelantando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento integral y oportuno a lo ordenado por la Corte Constitucional, de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales aplicables y dentro del término establecido en la referida providencia
De esta manera, la exhortación dirigida a los parlamentarios apunta a que lleven a cabo la discusión requerida por la Corte, la cual está programada para desarrollarse durante la tarde de hoy en la plenaria de la Cámara, espacio donde se evaluará un conjunto de proposiciones.
En el escenario de que se avale cualquiera de los puntos sometidos a votación, el texto deberá surtir un nuevo proceso de conciliación junto con el Senado de la República, para lo cual se cuenta con un lapso suplementario.
Paralelamente, el tribunal constitucional examina el incidente de impacto fiscal interpuesto por el Ministerio de Hacienda, un requerimiento formal destinado a atenuar las repercusiones económicas que traerá la puesta en marcha de la ley. Según estimaciones del Ejecutivo, de persistir la instrucción de la Corte, el Estado enfrentaría un déficit superior a los 16 billones de pesos para sufragar dichos compromisos.
