Iris Marín, defensora del Pueblo, señaló que las mujeres que denunciaron una presunta red de contratación estatal a cambio de servicios sexuales durante la administración del exmandatario Gustavo Petro merecen respaldo institucional y credibilidad, mientras las entidades competentes adelantan las indagaciones.
Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, la funcionaria calificó los señalamientos como un asunto de máxima gravedad de comprobarse, aunque recalcó que es prudente no emitir juicios anticipados sobre su veracidad, añadiendo que la ciudadanía exige claridad frente a lo sucedido.
Marín reiteró la postura institucional frente a este tipo de situaciones:
“Siempre la Defensoría del Pueblo ha sido de la posición de creerles, especialmente a las mujeres, en estas situaciones”.Asimismo, enfatizó en la necesidad de brindar acompañamiento integral a las denunciantes.
La funcionaria puntualizó que la existencia de los vínculos contractuales, los cuales parecen confirmarse a través de los datos públicos, no constituye por sí sola una prueba de que hayan funcionado como contraprestación por encuentros íntimos.
En ese sentido, indicó que los investigadores deben esclarecer dos aspectos fundamentales: comprobar si existió dicha relación y determinar si las mujeres conservaron su autonomía en todo momento o si se configuraron hechos de explotación sexual.
El escándalo cobró relevancia pública el domingo 25 de octubre tras la difusión de una entrevista en la revista Semana con Deicy Jiménez, de 26 años, quien aseguró haber formado parte de esta dinámica y haber tenido contratos durante un quinquenio en el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Previamente, el 21 de octubre, Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), anunció ante la Comisión Segunda del Senado que la administración de Abelardo de la Espriella denunciaría al exmandatario por una presunta instrumentalización de 48 mujeres adscritas a esa entidad.
Como respuesta a estas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal y prevé citar a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia admitió un estudio sobre una denuncia contra Petro y la excongresista María José Pizarro, mientras que la Comisión de Acusación recibió expedientes de la Red de Veedurías Ciudadanas y el Instituto Anticorrupción.
Por su parte, el ex jefe de Estado ha rechazado los señalamientos mediante una carta y un comunicado en el que califica las acusaciones como una maniobra en su contra orquestada por el actual gobierno. Entre tanto, el presidente Abelardo de la Espriella instruyó al ministro de Justicia e Interior encargado, Iván Cancino, para activar los protocolos de protección destinados a la denunciante.
