La Comisión Primera del Senado de la República respaldó en su primer debate una iniciativa legislativa orientada a dar por concluidas las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028, fecha en la que completaría una década de operaciones. El texto legislativo busca desactivar la extensión automática por cinco años adicionales contemplada en su acto de creación.
La propuesta, liderada por el senador Enrique Gómez, incluyó tres adiciones presentadas por la congresista del Centro Democrático María Clara Posada, con el propósito declarado de brindar mayores garantías a los miembros de la Fuerza Pública vinculados a este tribunal especial.
“Es claramente un diseño que ha fracasado, el procedimiento que se dio a sí misma la JEP, pues, no ha permitido cumplir su misión, y se perjudica a gran parte de los firmantes que pudiéramos llamar guerrilleros rasos o miembros de la fuerza pública sin mando y jurisdicción”, dijo el senador Gómez tras la aprobación de la iniciativa.
Modificaciones aprobadas en el articulado
Dentro de los ajustes avalados en la célula legislativa se determinó que las condenas expedidas por la JEP deberán someterse a consulta automática ante la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, se dispuso que las acciones de tutela que impugnen determinaciones de dicha jurisdicción queden en manos de la Corte Suprema y no de la dependencia interna que las evalúa actualmente, con posibilidad de que la Corte Constitucional seleccione los fallos para su eventual revisión.
Otro cambio relevante consistió en suprimir la creación de una sala de seguimiento que, de acuerdo con Posada, habría prolongado la vigencia de la JEP hasta 2053, rebasando el umbral de 2033 fijado para dicha instancia.
“Las tres proposiciones fueron aceptadas, y, bueno, ya vamos al 2.º debate para devolverles las garantías a los hombres y mujeres de la fuerza pública que vistieron el uniforme para defender a los colombianos”, señaló la senadora del Centro Democrático.
El proyecto estipula que los expedientes que queden pendientes al cierre del tribunal pasen al sistema judicial ordinario, conservando los principios del marco transicional. La iniciativa continuará ahora su recorrido en la plenaria del Senado.
Advertencias y reparos de la Jurisdicción Especial
Frente al avance del debate, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un pronunciamiento en el que advirtió sobre serias amenazas para el sistema transicional y los derechos de las víctimas del conflicto.
La entidad remarcó que recortar cinco años de su mandato truncaría la etapa indispensable para juzgar a los máximos determinadores, imponer las sanciones respectivas y resolver la condición jurídica de aproximadamente 10.000 comparecientes que no ostentan dicha jerarquía.
Uno de los focos de alerta radica en que una terminación anticipada privaría a las víctimas de respuestas judiciales efectivas frente a crímenes de máxima gravedad, además de debilitar la vigilancia y cumplimiento de las penas.
En torno a la remisión de causas hacia la justicia ordinaria y la Fiscalía General de la Nación, la JEP alertó sobre inconsistencias con la garantía del juez natural, dado que se trata de un órgano con competencia exclusiva y prevalente. Del mismo modo, advirtió sobre la sobrecarga que esto representaría para el aparato ordinario, que ya registra un rezago cercano a 1,86 millones de procesos, y no descartó que un cierre apresurado comprometa compromisos internacionales y reactive el escrutinio de la Corte Penal Internacional.
