Durante una visita a las instalaciones del sistema informativo del Estado, el presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer las directrices de su administración frente a las transmisiones oficiales e informó que la entidad retoma desde este momento la denominación de RTVC, tras el cambio a Inravisión efectuado en el periodo gubernamental anterior.
El jefe de Estado sostuvo que las señales institucionales no deben ser empleadas con fines de adoctrinamiento ciudadano, especialmente ante audiencias infantiles y juveniles. Frente al enfoque editorial, declaró:
“La televisión pública tampoco puede utilizarse para adoctrinar, mucho menos cuando quienes están al frente de la pantalla son niños y jóvenes. En la patria milagro los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo, ni de ninguna agenda que pretenda convertir en la realidad de los colombianos el pensamiento de un grupo determinado”.
Señalamientos por contratación en el empalme
En su intervención, el mandatario expuso posibles anomalías financieras ocurridas en la administración saliente, haciendo énfasis en convenios tramitados durante el periodo electoral y las horas finales del mandato precedente.
De acuerdo con De La Espriella, se celebraron 1.051 compromisos contractuales por un monto que sobrepasa los 100.000 millones de pesos. El presidente enfatizó que, únicamente entre las jornadas del 6 y 7 de agosto, justo antes de concluir la administración previa, se firmaron 87 contratos.
Presunto sobrecosto en adquisición de unidad móvil
Asimismo, el mandatario instó a los entes de control a iniciar indagaciones por la compra de equipamiento técnico para la televisión pública. En particular, cuestionó un contrato por 11.924 millones de pesos ejecutado por la gerencia anterior para incorporar una unidad móvil.
Según explicó el presidente, dicho vehículo carece del generador eléctrico indispensable para operar y sus componentes no responden a los requerimientos técnicos fijados en los pliegos. De igual forma, advirtió que la transacción habría dejado un sobrecosto superior a los 2.000 millones de pesos, señalando directamente los antecedentes del anterior encargado de la entidad.
