El restablecimiento de las ayudas estatales para la adquisición de vivienda estará condicionado a que Colombia logre estabilizar sus cuentas públicas. Así lo manifestó Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción celebrado en Cartagena.
En declaraciones a Mañanas Blu, el dirigente gremial respaldó la postura del Ejecutivo de sanear primero las finanzas del Estado. Herrera advirtió que el sector constructor aún padece los efectos de medidas tomadas por la administración previa, atravesando una prolongada fase contractiva, pérdida de puestos de trabajo y una oferta que no cubre el requerimiento habitacional.
Presupuesto ajustado y prioridades del gasto
El vocero explicó que el Gobierno Nacional atiende simultáneamente dos contingencias: los estragos del reciente terremoto y un complejo panorama fiscal. Respecto a este último punto, detalló que de una partida de inversión tasada en 95 billones de pesos, únicamente entre 12 y 13 billones no están atados a compromisos previos, lo que justifica la concentración de recursos en áreas esenciales como la salud y la seguridad pública.
“No sería responsable salir a decir, oiga, denos plata para subsidios, cuando realmente la estrechez fiscal no alcanza para todas las necesidades que tiene el país”, sostuvo Herrera.
No obstante, aclaró que el gremio no desiste de este tipo de programas, sino que estos deben reanudarse “cuando las condiciones fiscales vuelvan a ser oportunas”. De acuerdo con sus cifras, Fonvivienda dispondrá para el siguiente año de algo más de 700.000 millones de pesos, de los cuales apenas 89.000 millones gozan de flexibilidad presupuestal. Herrera recordó además que la comercialización de inmuebles cayó un 40 % en el cuatrienio anterior.
Impacto en el empleo y freno en Mi Casa Ya
El presidente de Camacol alertó sobre una “recesión demasiado larga”, sustentada en 13 trimestres sucesivos a la baja en el PIB de edificaciones, golpeando la ocupación laboral. Añadió que, tras dos décadas en las que el sector representaba el 5 % del PIB antes de la pandemia, la pasada administración cerró su ciclo con una participación de apenas 2,8 %.
Asimismo, lamentó el desmonte de esquemas como Mi Casa Ya, iniciativa que alcanzó a beneficiar a más de 380.000 hogares. Como consecuencia de estos cambios, alrededor de 120.000 familias debieron desistir de compras ya iniciadas con sus ahorros de cuota inicial.
“Hay que ponerle la sensibilidad social, la cara de las personas”, enfatizó.
Herrera puntualizó que mientras dicho programa permitía el acceso a la compra a 7 de cada 10 familias, en la actualidad esa proporción se redujo a 4 de cada 10.
Trámites y déficit habitacional
Respecto a la emergencia sísmica, Camacol abogó por avanzar simultáneamente en la ayuda a damnificados y en la reactivación productiva mediante planes conjuntos de reconstrucción. A la par, el gremio coordina con el Ejecutivo y la Misión Crecer para simplificar trámites. En Colombia se deben surtir más de 189 procedimientos burocráticos para edificar y entregar un inmueble; entre ellos, los de urbanismo y construcción, licencias ambientales, consultas previas y cargas tributarias (ICA y DIAN) figuran como los que mayor impacto negativo causan al producto interno.
La agremiación aseguró tener en carpeta más de 1.400 proyectos estructurados que permitirían construir unas 250.000 unidades con inversiones estimadas en 98 billones de pesos, aunando capital privado, banca, subsidios y ahorro familiar. Esto resulta urgente frente al surgimiento de 250.000 nuevos hogares cada año en las áreas urbanas, frente a solo 100.000 o 110.000 inicios reales de obra, brecha que agudiza la informalidad.
Soluciones locales y financiamiento
Frente a las restricciones de la Nación, Herrera destacó el protagonismo de las administraciones de Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín y Alejandro Char en Barranquilla, capitales donde se originó la mitad de las 74.000 viviendas de interés social (VIS) entregadas recientemente gracias a aportes municipales.
Camacol planteó combinar recursos entre cajas de compensación y entes territoriales para fondear coberturas, recordando precedentes como el uso de regalías impulsado por Elsa Noguera en el Atlántico.
“Esto nos obliga a innovar”, puntualizó.
Finalmente, sobre el encarecimiento crediticio, indicó que las tasas hipotecarias rondan entre el 14 % y el 15 %, presionadas por el riesgo soberano y el costo de endeudamiento del Estado, cuya rentabilidad exigida llegó al 16 % en el mandato anterior.
