Tras la controversia generada por las fallas de procedimiento durante la aprobación del Presupuesto General de la Nación en la madrugada del pasado 20 de octubre, el representante a la Cámara por Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto, John Édgar Pérez, detalló en el programa Mañanas Blu cómo se desarrolló la discusión legislativa que derivó en la aprobación de textos diferentes entre la Cámara y el Senado.
De acuerdo con el congresista, el inconveniente principal se concentró en el artículo 65, que recibió el visto bueno a través de una proposición avalada que no había sido discutida ni retirada formalmente en la corporación alta bajo los mismos términos.
Al referirse al origen del error al someter a votación dicha iniciativa, Pérez indicó que la agenda del debate se organizó en coordinación con la mesa directiva y el Ejecutivo.
“A mí me entregan el paquete de proposiciones avaladas por el Ministerio de Hacienda que habían sido aprobadas en Senado y por eso digamos que yo establezco un orden de cómo llevar el debate”, indicó el parlamentario, destacando que el ministro de Hacienda y su equipo técnico permanecieron presentes en el recinto durante toda la plenaria.
Consultado sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en la cartera de hacienda, el legislador evitó responsabilizar a una sola parte. “La responsabilidad era de ambos, tanto de la Cámara de Representantes como del Ministerio trabajarlo de manera coordinada”, manifestó, a la vez que recordó que en discusiones simultáneas suelen presentarse divergencias entre las cámaras, para lo cual la Constitución contempla el mecanismo de conciliación.
La premura del tiempo constituyó otro de los obstáculos de la jornada, puesto que el 20 de octubre expiraba el plazo legal para culminar el debate en el Congreso. Pese a que el Senado concluyó sus votaciones cerca de las 10:00 p.m., el texto no pudo divulgarse de forma inmediata en la Gaceta Oficial debido a los inconvenientes técnicos que implicaba digitalizar y organizar las proposiciones.
Ante esta situación, en la Cámara se sugirió acoger de inmediato el documento del Senado; no obstante, Pérez se opuso para garantizar la discusión. “Como ponente le pedí a la plenaria de Cámara y le pedí al presidente de la Cámara que no adoptáramos el texto de Senado porque no estaba publicado y no lo conocíamos, que diéramos el debate, que surtiéramos el trámite”, puntualizó, justificando que el análisis del articulado se prolongara hasta cerca de las 4:00 a.m.
A pesar de la irregularidad en el artículo 65, el congresista defendió que la iniciativa no se encuentra invalidada, fundamentándose en antecedentes de la Corte Constitucional, específicamente el Auto 705 y la Sentencia C-448 de 2024 relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.
“Tengo una teoría y es que esa diferencia del artículo 65 no vicia todo el proyecto de ley”, expresó, señalando que 97 de los 98 artículos coinciden plenamente entre ambas corporaciones y que el apartado en discusión no constituye la base fundamental de la propuesta. Por este motivo, consideró que el Gobierno cuenta con el respaldo jurídico para sancionar el decreto aprobado.
Finalmente, el coordinador ponente se refirió a la alternativa de que el Ejecutivo opte por no sancionar el texto de las plenarias y promulgue el presupuesto por decreto. En ese sentido, aclaró que la administración tendría que retomar la versión avalada en las comisiones económicas conjuntas (Terceras y Cuartas), la cual comparte un 95 % de similitud con lo votado en las plenarias.
“El presupuesto que se cae no es el presupuesto... el Gobierno si decidiera adoptarlo por decreto tiene que adoptar el que se aprobó en comisiones económicas”, concluyó, haciendo un llamado al presidente de la República y al ministro de Hacienda para sancionar la normativa aprobada y asegurar la reorientación de recursos hacia sectores prioritarios como la salud y la gestión de desastres.
