Tras una extensa deliberación que se prolongó por más de 12 horas, la Cámara de Representantes dio luz verde en la madrugada de este jueves al Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en 634,95 billones de pesos. La plenaria ratificó con 112 votos a favor el mismo texto que horas antes había recibido el respaldo del Senado con 57 apoyos y solo un voto en contra.
Ajuste fiscal y control al gasto público
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ratificó que una vez concluido el debate de la ley presupuestal, el Ejecutivo procederá a radicar el proyecto de ajuste fiscal, denominado ley de rescate. La normativa contempla un plazo inicial de 90 días para que el Gobierno lo presente ante el Capitolio, aunque la bancada del Centro Democrático solicitó reducir dicho margen de tiempo para tramitarlo antes de que arranque la vigencia del presupuesto.
Entre los mandatos incluidos en el articulado, el Ejecutivo tendrá la obligación de reportar trimestralmente la disponibilidad y ejecución financiera de patrimonios autónomos y entidades estatales, tales como el Fondo Milagro. De igual modo, se incorporaron herramientas para rastrear las partidas destinadas a emergencias naturales —recordando eventos como el sismo del pasado 10 de agosto—, una estrategia para el manejo de la deuda pública a mediano plazo y un seguimiento continuo a los títulos de tesorería (TES) de corto plazo que solventan las necesidades de caja de la Nación.
Reforma institucional y vías terciarias
El articulado también ordenó la liquidación de dos dependencias oficiales: la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Instituto Nacional de Vías Regionales (INBIR). El propósito de esta medida es destrabar y acelerar las inversiones enfocadas en la recuperación de las vías terciarias que conectan el campo colombiano.
Reasignación de recursos
Sin alterar el monto total de $634,95 billones, las cámaras legislativas redistribuyeron diversas partidas. Se otorgaron $3 billones complementarios para el sector de la salud, además de $100.000 millones adicionales para inversión en educación y otros $100.000 millones para el Congreso de la República.
Otras partidas específicas concertadas en el debate incluyen:
- $100.000 millones asignados a la Registraduría Nacional.
- $100.000 millones para el Invías, orientados a la variante del municipio de San Gil, Santander.
- $100.000 millones suplementarios para la Rama Judicial.
- $11.400 millones al Ministerio de Defensa para saldar indemnizaciones pendientes a familiares de uniformados caídos en combate.
- $70.000 millones para cubrir subsidios de gas licuado de petróleo (GLP).
- $26.500 millones para iniciativas de esterilización de caninos y felinos adscritas al Ministerio de Ambiente.
- $7.000 millones con destino al Departamento de Prosperidad Social (DPS), tomados del Fondo Virgilio Barco.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo trasladará $30.000 millones de su cuenta de inversión a gastos operativos. Frente al balance de la jornada, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que el presupuesto final consolidó $5 billones adicionales en salud respecto al proyecto inicial, $6,4 billones para el Ministerio de Defensa y $3 billones dirigidos al subsidio de la tarifa de energía en la costa Caribe, dineros cuya ejecución contará con estricta veeduría legislativa.
