Una iniciativa legislativa impulsada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas busca facilitar la compra de casa propia a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, permitiéndoles acceder a un inmueble sin necesidad de reunir previamente decenas de millones de pesos para la cuota inicial.
Un modelo complementario a Mi Casa Ya
Durante una entrevista radial, Cárdenas detalló que el planteamiento pretende robustecer la oferta habitacional existente y atender a aquellos hogares que, pese a tener la capacidad de sufragar un canon de arrendamiento mensual, carecen de los ahorros requeridos por el sector financiero.
El esquema financiero diseñado contempla que el Ejecutivo aporte un subsidio de 50 millones de pesos para cubrir la cuota inicial, mientras que el núcleo familiar adquiere un crédito hipotecario de 100 millones de pesos para completar el valor de una vivienda de interés prioritario tasada en unos 150 millones de pesos. De este modo, las familias destinarían al pago de su obligación bancaria una suma similar a la que hoy pagan por alquilar.
“¿Qué es vivienda propia? Es seguridad, es estabilidad, es tranquilidad”, apuntó el exfuncionario al recalcar los beneficios de transformar el pago del arriendo en una inversión patrimonial.
Inclusión para la economía popular e informal
La propuesta está dirigida primordialmente a trabajadores independientes, vendedores ambulantes, taxistas, conductores de plataformas y personas sin vinculación laboral formal a quienes se les dificulta certificar sus ingresos ante los bancos.
Para superar esta barrera, el modelo contempla el uso de herramientas tecnológicas y análisis de transacciones digitales que permitan certificar la capacidad de pago de los solicitantes. Asimismo, se integraría una cobertura del Fondo Nacional de Garantías para mitigar el riesgo de los establecimientos de crédito.
Cárdenas enfatizó que la propuesta no pretende suplantar el programa Mi Casa Ya, sino funcionar como un soporte paralelo. Mientras el programa tradicional continuaría operando para hogares con mayor capacidad de ahorro, el nuevo mecanismo se enfocaría en las poblaciones más vulnerables. Adicionalmente, aclaró que se mantendría la restricción de recibir un único subsidio estatal por beneficiario.
Trámite en el Congreso y retos presupuestales
El costo fiscal de la medida constituye uno de los principales interrogantes, dado que cada unidad habitacional requeriría una partida cercana a los 50 millones de pesos por parte de la Nación. Para financiar la iniciativa, el promotor sugirió recortar gastos de funcionamiento del Estado y reasignar dichos recursos hacia la inversión social, dejando a criterio de cada administración el volumen de viviendas a respaldar.
El proyecto fue radicado de manera conjunta con el respaldo del movimiento Avanza Colombia y el Partido Conservador, iniciando su discusión formal en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
Aunque el autor calcula que la iniciativa podría convertirse en ley durante el primer semestre del año venidero y su reglamentación arrancaría en la segunda mitad, advirtió que por ahora no existen procesos de inscripción habilitados ni fechas confirmadas para postularse. Su viabilidad final quedará sujeta a la aprobación parlamentaria, la asignación de fondos públicos y las condiciones operativas que se definan para los créditos.
