Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Deicy Jiménez rindió testimonio durante más de tres horas en el marco de las investigaciones sobre una presunta estructura criminal que habría entregado puestos a cambio de favores de carácter sexual. Felipe Caballero, defensor de la citada mujer, indicó que su clienta respondió los interrogantes planteados por el magistrado, la bancada defensora y la Procuraduría, a pesar de las intimidaciones que presuntamente ha sufrido.
El jurista señaló que Jiménez tiene la intención de entregar su teléfono celular al alto tribunal para que peritos extraigan videos, conversaciones y otros archivos digitales que respalden su versión. Dicha entrega no se efectuó de forma inmediata por motivos de seguridad, por lo que acordarán una fecha para que personal técnico recoja el aparato.
Caballero añadió que, a pesar de su condición anímica y de salud, Jiménez relató detalles sobre supuestos encuentros en los que habrían estado presentes sustancias ilícitas y relaciones íntimas.
«Ella fue valiente y dijo que sí, que iba a rendir su declaración», expresó el abogado, quien además alertó sobre hostigamientos contra la declarante y sus allegados tras la divulgación de información personal y domiciliaria.
En cuanto a las personas nombradas durante la diligencia, el representante legal apuntó que salieron a relucir nombres de diversos funcionarios y exfuncionarios de distintas épocas, abarcando tanto el paso de Gustavo Petro por el Congreso como su mandato presidencial, haciendo mención específica a una superintendente.
Acciones legales de la defensa presidencial
Al concluir la sesión, Alejandro Carranza, abogado que representa al presidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro, manifestó que sus representados se encuentran tranquilos frente al desarrollo del proceso y destacó que pudo interrogar a la testigo.
Asimismo, Carranza anunció la radicación de dos denuncias ante la Fiscalía. La primera va dirigida contra Deicy Jiménez por supuesta falsedad en documentos que habría entregado al Congreso al postularse a un cargo, sustentando la acusación en una indagación propia y en reportes de medios internacionales.
La segunda acción judicial involucra al actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por presunto constreñimiento a trabajadoras y contratistas. Según su exposición, empleadas habrían sido citadas junto a dos hombres sin identificar, quienes supuestamente les requisaban los equipos móviles para cuestionarlas sobre su postura política y su respaldo a la campaña de Iván Cepeda.
«Les quitan los teléfonos a las funcionarias y empiezan a interrogarlas por su inclinación política... Las amenazan con procesos disciplinarios o con terminarles los contratos», aseveró Carranza, quien agregó tener sospechas de que los acompañantes del funcionario pertenecerían a la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque aclaró que no es un dato ratificado.
El apoderado indicó que tanto los testimonios como las evidencias digitales recolectadas ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora deberá esclarecer la veracidad de los hechos, corroborar las denuncias de presiones y definir las responsabilidades penales que correspondan.
