Alejandro Ramelli, magistrado que preside la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), puso en duda varios aspectos del proyecto de ley de sometimiento que actualmente tramita el Congreso de la República. El funcionario advirtió que diversos incentivos que contempla la propuesta ya operan dentro de los mecanismos de justicia transicional, tales como las colonias agrícolas y las labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Durante su intervención, Ramelli indicó que le causó extrañeza hallar reducciones de penas condicionadas a la ejecución de labores restaurativas, entre las que figuran el desminado humanitario y la localización de desaparecidos, las cuales ya hacen parte de las funciones que ejecuta la JEP.
“Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención”, expresó el magistrado aludiendo a los privilegios que obtendrían quienes se acojan al nuevo marco legal.>
Asimismo, el alto funcionario cuestionó el trecho diferencial entre dichos estímulos y los procesos que adelanta el tribunal de paz: “Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, interrogó.
Observaciones sobre la verdad y el rol de las víctimas
Otro de los reparos planteados por el presidente del tribunal se centra en el tipo de revelaciones que exigirá la normativa a los grupos armados organizados. Si bien calificó como acertado que se revele información sobre rutas del narcotráfico y laboratorios clandestinos, recalcó que es indispensable esclarecer la totalidad de los delitos perpetrados.
“¿Y dónde está la verdad frente a las víctimas?”, cuestionó Ramelli, argumentando que la propuesta legislativa no define con suficiente claridad el papel que jugarán las víctimas dentro del proceso de acogimiento a la justicia.
Adicionalmente, el magistrado expresó inquietudes respecto a que la iniciativa agrupe a diferentes estructuras criminales bajo un mismo marco normativo, generando dudas sobre las exigencias de verdad y las condiciones de sometimiento que se les impondrán.
Por último, el titular de la JEP enfatizó en la urgencia de precisar la forma en que se asegurará el protagonismo de las víctimas y la distinción operativa entre esta nueva ley y el modelo de justicia transicional, observaciones que trascienden mientras la iniciativa se prepara para su debate en la plenaria del Congreso.
