El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer que en las horas recientes se hizo efectiva la extradición hacia territorio estadounidense de un grupo de presos, entre quienes figura Willinton Henao Gutiérrez, señalado con el alias de 'Mocho Olmedo'. El sujeto es considerado uno de los mandos principales del frente 33 de las disidencias de las Farc, con operación armada en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
Henao Gutiérrez, quien se encontraba recluido en el establecimiento carcelario La Picota de la capital del país, hizo parte de un contingente de aproximadamente diez ciudadanos solicitados por tribunales norteamericanos que abandonaron Colombia luego de surtirse los requerimientos legales, los cuales comprendieron la petición oficial de esa nación, el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia y la sanción del Ejecutivo a cargo del presidente Abelardo De La Espriella.
Cabe destacar que hace poco tiempo la Fiscalía General de la Nación le formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Esto a raíz de las pesquisas de un Equipo de Tareas Especiales del organismo investigador —formado por las delegadas contra Organizaciones Criminales y de Derechos Humanos—, que ubica al mencionado cabecilla como uno de los determinadores principales en los enfrentamientos armados contra el ELN desatados el pasado 16 de enero de 2025 en el Catatumbo.
Dentro del sumario, la entidad judicial lo vincula de manera directa con el asesinato de un dirigente comunal y representante de la Junta de Acción Comunal en la jurisdicción del municipio de Tibú.
De acuerdo con la indagación, el 17 de enero de 2025 varios sujetos armados pertenecientes al frente 33 irrumpieron en el domicilio del líder, lo sacaron a la fuerza hacia un paraje solitario cercano a una mina de carbón y procedieron a quitarle la vida.
De igual manera, el ente acusador le señala como presunto responsable de 31 episodios de desplazamiento forzado registrados entre el 16 y el 20 de enero de 2025 en las localidades de Tibú y El Tarra, periodo en el cual las amenazas de dicha estructura ilegal forzaron a 84 personas a abandonar sus tierras. Por último, los punibles endilgados ante los jueces colombianos abarcan su supuesta participación en la incorporación forzosa de 31 menores de edad para nutrir las diferentes estructuras armadas que operan en aquella subregión.
