Con una contundente mayoría de 14 votos a favor y solo uno en contra, el Consejo Superior de Política Criminal otorgó concepto favorable al proyecto de ley que establece las condiciones de acogimiento y sometimiento a la justicia para organizaciones criminales en Colombia. Esta propuesta legislativa representa una de las cartas clave del Ejecutivo para robustecer su estrategia de seguridad.
Fin a las negociaciones políticas con estructuras delictivas
La iniciativa se aparta del enfoque inicial de la Paz Total impulsado por la administración de Gustavo Petro. A diferencia de dicho esquema, el nuevo articulado descarta cualquier diálogo o estatus político para bandas criminales, limitándose a fijar una ruta estrictamente judicial. Quienes se desmovilicen podrán recibir rebajas o beneficios en sus penas solo si cumplen requisitos como la entrega efectiva de bienes, labores de desminado y compromisos de reparación a las víctimas.
El organismo consultivo —integrado por entidades como la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios de Justicia y Educación, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría y delegados legislativos, entre otros— dio luz verde al texto tras su visto bueno previo en las comisiones primeras conjuntas del Congreso. El único rechazo registrado en la votación correspondió a la delegada del Pacto Histórico.
Ajustes sugeridos y tiempos en el Congreso
Durante la deliberación, los miembros de la instancia sugirieron afinar la proporcionalidad de las sanciones e incentivos contemplados en el artículo 18, de manera que la norma guarde estricta coherencia con la Convención de Palermo y el Código Penal colombiano.
Tras este visto bueno institucional, el trámite continuará en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. El Legislativo tiene una carrera contra el reloj: la iniciativa debe ser ratificada antes del próximo 4 de noviembre, fecha límite en la que expira la vigencia actual de la prórroga de la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997).
