A pesar de la ausencia de un convenio bilateral de extradición entre Colombia y Canadá, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, aseguró que todavía hay herramientas jurídicas disponibles para conseguir el retorno al país del exmagistrado José Leonidas Bustos, quien se encuentra radicado en territorio canadiense desde el año 2019 tras ser sentenciado por el caso conocido como el Cartel de la Toga.
El alto funcionario indicó que la Sala Penal ha estado presionando al Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se adelanten las diligencias necesarias.
“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha insistido al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería, haga los trámites que correspondan para lograr la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos”, indicó Lenis.
De acuerdo con el magistrado, el Estado colombiano podría apelar al principio de reciprocidad. El argumento se sustenta en que Colombia ha enviado hacia territorio canadiense a ciudadanos requeridos por su justicia, aun sin la existencia previa de una solicitud formal, por lo que confían en que Ottawa actúe bajo los mismos parámetros.
En relación con el estado actual del proceso, Lenis señaló que se están cumpliendo diversas validaciones requeridas por la Cancillería, las cuales incluyen la confirmación del domicilio exacto del exmagistrado en el país norteamericano. Asimismo, ratificó que sigue vigente la circular roja de la Interpol para dar con su paradero con mayor facilidad.
Por otro lado, el titular del alto tribunal calificó como un episodio sumamente grave para la rama judicial el hecho de que Bustos hubiera liderado esa corporación antes de recibir su condena por actos de corrupción.
“Fue un momento muy doloroso para la justicia, que alguien que fue elegido como presidente de la Corte haya deshonrado esa dignidad. Pero es un ejemplo de que la justicia estuvo ahí para responderle al país y sancionar esos actos de corrupción”, expresó el jurista.
El trasfondo del Cartel de la Toga
La red de corrupción denominada Cartel de la Toga funcionó en el periodo comprendido entre 2012 y 2017. Su objetivo principal era la exigencia de millonarios sobornos a cambio de manipular procesos judiciales que afectaban a congresistas investigados por presuntos nexos con estructuras paramilitares.
En este contexto, Bustos recibió una sentencia condenatoria por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, convirtiéndose en uno de los episodios de corrupción más graves que han salpicado a la cúpula judicial colombiana en su historia reciente.
