Se amplía el expediente por el deceso de Donovan Balanta, un ciudadano de 32 años que perdió la vida en medio de un operativo de la fuerza pública llevado a cabo en el sector de Caracolí, zona limítrofe entre Soacha y la localidad bogotana de Ciudad Bolívar. Los parientes de la víctima sostienen que los uniformados lo agredieron físicamente y le propinaron descargas eléctricas durante el arresto.
Actualmente, el ente acusador lidera las pesquisas y examina un posible móvil de perfil racista. Ali Bantú Ashanti, jurista que representa a los allegados del fallecido, indicó en declaraciones a Blu Radio que los hechos se originaron a raíz de un conflicto de convivencia entre las hermanas de Balanta y una residente vecina.
"La Policía en este caso amenazó de muerte a un familiar de Donovan Balanta, al cuñado especialmente, a quien le dijo que él sí le pegaba dos tiros, que venía de Buenaventura y del Chocó de matar negros. Pero, además, las palabras que se desarrollaron allí, un montón de groserías, de palabras bastante racistas, no solo en contra del cuñado de Donovan, sino también de las hermanas. A la hermana, uno de los policías le dice ‘negra cuscús’; otro le dice: ‘Ahí te lo dejé tirado, negra’", afirmó el defensor legal.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la situación se tornó más tensa con la llegada de las unidades policiales. Los agentes habrían aprehendido a Luis, conocido de Donovan, y le habrían accionado un dispositivo taser. Posteriormente, Balanta habría lanzado algunos elementos hacia los funcionarios sin causarles daños, lo que desató una persecución que culminó en su captura.
"Lo que les puedo a todo el país es que se vienen investigaciones contra otros policías. Eran ocho policías que estaban de la Policía Nacional allí, que se pudieron contar e individualizar, así como miembros del GOES, que habría que establecer definitivamente cuál sería su participación o su responsabilidad individual en cada uno de los hechos que se desataron y que terminaron con la muerte de Donovan", añadió el abogado, quien cuestionó el empleo recurrente de la fuerza desmedida por parte de la institución contra la ciudadanía.
Proceso judicial y medidas institucionales
La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra cuatro policías por los delitos de falsedad ideológica en documento público, tortura agravada y homicidio agravado, sumando además un agravante por presunta discriminación racial.
Pese a que los sindicados no aceptaron los señalamientos de la justicia, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. No obstante, la defensa advirtió que el proceso continúa abierto y que se prevé la vinculación formal de más uniformados.
Asimismo, el representante de las víctimas resaltó la existencia de grabaciones hechas por residentes del sector, las cuales servirían como material probatorio para esclarecer los abusos de autoridad cometidos en el procedimiento.
Por su parte, la institución policial informó que desde el comienzo de las indagaciones tomó determinaciones internas, apartando de sus funciones a siete policías señalados de participar en el suceso y manifestando su disposición para cooperar con las autoridades judiciales.
