La defensa legal de Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), alista una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. En este documento se incluiría una relación con los nombres de varias mujeres que habrían sido utilizadas para obtener contratos a cambio de favores durante la administración del exmandatario Gustavo Petro. Aunque la fecha exacta de la radicación aún no está definida, se prevé que el trámite se cumpla este jueves o en el transcurso de los próximos días.
Dicha acción legal se integrará al proceso penal que el organismo investigador abrió de manera oficial el 23 de octubre de 2026, cuyo propósito es esclarecer posibles anomalías administrativas y presuntas conductas punibles ocurridas en el DAPRE y en otras dependencias del Estado en el periodo mencionado. El caso quedó a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien contará con el respaldo de un grupo de investigadores especializados para recolectar las pruebas.
Avances de la indagación judicial y citaciones
El expediente judicial pretende determinar si existieron irregularidades en la contratación pública y si se instrumentalizó a mujeres mediante vínculos contractuales anómalos. Como parte del programa metodológico, la entidad judicial comenzó las convocatorias para entrevistar a testigos clave que puedan aportar datos sobre lo sucedido.
Entre los citados figuran las exjefes del DAPRE Angie Rodríguez y Laura Sarabia, así como otros exservidores y servidores de la institución. Asimismo, fue llamada Deicy Jiménez, quien hizo declaraciones públicas acerca de la adjudicación de convenios estatales y supuestos beneficios que estarían ligados a encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado.
El vicefiscal general, Gabriel Javier Guerrero, ratificó las primeras gestiones dentro de la pesquisa. Estas diligencias buscan recopilar evidencias para aclarar las condiciones en que se celebraron los acuerdos cuestionados y definir si hay conductas punibles.
Cifras oficiales y acciones en otros organismos
Los reportes también contemplan reuniones privadas y eventos llevados a cabo en la Casa de Nariño. Al respecto, el actual director del DAPRE, Carlos Ríos, declaró ante el Congreso que el número de mujeres afectadas podría llegar a 48, de las cuales cuatro ya estarían entregando su versión ante esa oficina.
De forma paralela, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una indagación previa con el fin de examinar posibles faltas disciplinarias por acoso, violencia de género, extralimitación de funciones y anomalías contractuales. Estas indagaciones disciplinarias avanzan por una cuerda distinta a la del proceso penal.
Adicionalmente, se interpuso una querella penal en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos. La presentación de este recurso no constituye una prueba de culpabilidad de los señalados.
Por último, la defensora del Pueblo, Iris Marín, exhortó a las autoridades judiciales y de control a obrar con autonomía, priorizar estas pesquisas y asegurar la salvaguarda de las presuntas víctimas.
