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A cárcel cuatro policías por la muerte de Donovan Balanta tras procedimiento en el sur de Bogotá

Cuatro uniformados de la Policía fueron cobijados con medida de aseguramiento en prisión por el fallecimiento de Donovan Balanta Paz en Ciudad Bolívar.

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Fachada de una sede de la Fiscalía General de la Nación en Colombia

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra cuatro miembros de la Policía Nacional, investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, ocurrida tras un operativo en el sur de la capital del país.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos sucedieron en la mañana del pasado 20 de septiembre, cuando la víctima se dirigía a su residencia en el barrio Caracolí, perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar.

Detalles del procedimiento policial

Los datos recopilados en el expediente señalan que, tras un altercado en la zona, el ciudadano intentó escapar al ser requerido por las autoridades. No obstante, fue interceptado, sometido en el suelo y blanco de agresiones.

Testigos y allegados al fallecido denunciaron que los uniformados le propinaron golpes y le accionaron un arma de electrochoque tipo táser en repetidas ocasiones, incluso cuando ya se hallaba con las manos esposadas.

Ruta de los hechos y sindicados

La indagación preliminar detalla que las agresiones físicas y las descargas eléctricas habrían continuado tras el traslado de Balanta a las instalaciones de la estación de Policía de Cazucá. Allí, el hombre sufrió una descompensación médica que obligó a su remisión a un centro médico, donde finalmente se confirmó su deceso.

Las autoridades judiciales vincularon formalmente al proceso a los siguientes funcionarios:

  • Mayor Roque Correa Yánez, comandante de la estación de Policía de Cazucá.
  • Subintendente Enar Santiago Tapiero Tique (también mencionado en registros como Henar Santiago Tapiero Tique).
  • Patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres.

Esta determinación judicial marca un paso clave en el esclarecimiento de los hechos para determinar si existió un uso desmedido de la fuerza durante la intervención de los uniformados. El caso mantiene encendidas las alertas en torno a la revisión de los protocolos institucionales y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos bajo custodia.

Con información de movimientocolombia.com.

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