La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia asumió la revisión de una denuncia radicada contra María José Pizarro y Gustavo Petro, por hechos presuntamente ocurridos en la época en que el mandatario integraba el Congreso de la República.
El caso quedó bajo la coordinación del magistrado Javier Fernando Fonseca, quien recientemente asumió su cargo en dicha sala y ahora deberá determinar la viabilidad jurídica de los señalamientos y trazar la ruta de actuación del alto tribunal.
El origen de los señalamientos
El recurso legal se fundamenta en las declaraciones públicas de Deicy Jiménez, quien afirmó que en el entorno legislativo se habrían condicionado cargos y vinculaciones laborales a cambio de favores de índole sexual, una práctica que, según sus señalamientos, se habría producido durante el periodo legislativo de Petro.
Jiménez sostuvo que su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro se habría dado como parte de dichos acuerdos. De acuerdo con su versión, suscribió un contrato por un valor de 34 millones de pesos para prestar apoyo en la Primera Vicepresidencia del Senado —entonces a cargo de Pizarro— con foco en la atención a temas de violencia sexual, tras una supuesta postulación hecha por Petro.
Respuesta de María José Pizarro
Ante la controversia, Pizarro desestimó por completo las aseveraciones, catalogándolas como «señalamientos sin fundamentos» que responderían a una intención deliberada de apartarla del escenario político. Asimismo, recalcó que su trabajo histórico por la equidad de género «no se negocia» y arremetió contra las plataformas informativas que difundieron el testimonio, a las que tachó de «prensa amarillista y mercenaria».
Pese a su rechazo a las acusaciones, la dirigente política no refutó la vinculación contractual de Jiménez con su despacho ni detalló los criterios y el perfil profesional considerados para integrarla a su equipo de labores en el Capitolio.
