La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, profirió imputación contra 11 excomandantes de los antiguos Bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP. La determinación judicial se enmarca en el Caso 10, que investiga delitos graves e imprescriptibles cometidos por esa guerrilla que no fueron contemplados en otros macroprocesos.
Entre los máximos responsables señalados se encuentran dos antiguos miembros del último Secretariado del grupo armado: Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' o 'Timoleón Jiménez', y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias 'Pastor Alape'. La investigación estuvo a cargo de la magistrada correlatora Julieta Lemaitre Ripoll.
Graves delitos imputados
A los 11 comparecientes se les atribuye su rol como máximos responsables de crímenes de guerra, tales como homicidio, desplazamiento forzado, ataques intencionales contra civiles y bienes protegidos, tortura, violación y violencia sexual. Asimismo, deberán responder por crímenes de lesa humanidad que comprenden asesinato, traslado forzoso, desaparición forzada, tortura y otras acciones inhumanas, conductas que, según recordó el tribunal, no pueden recibir beneficios de perdón judicial debido a su gravedad.
El tribunal transicional destacó que la falta de acción de la justicia ordinaria en las regiones durante el conflicto dejó un saldo alarmante de impunidad: más del 95 % de los procesos nunca llegaron a juicio y más del 72 % se quedaron en fase de indagación preliminar. En los territorios del Caribe y el Magdalena Medio, el desplazamiento y la desaparición forzada alcanzaron un 100 % de impunidad. Esta decisión responde a los testimonios de 733 víctimas, entre campesinos, docentes, indígenas, afrodescendientes, líderes sociales y miembros de la fuerza pública.
Patrones macrocriminales identificados
El tribunal determinó que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario respondieron a dos patrones principales: la ejecución de crímenes para consolidar el control social y territorial, y las conductas perpetradas durante la confrontación armada.
- Control social y territorial: Se impuso coerción en zonas con baja presencia del Estado mediante señalamientos a supuestos colaboradores, castigos por incumplir normativas internas y la generación de vacíos de poder. Bajo esta dinámica fueron perseguidas comunidades de fe, maestros y organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal, la ANUC y la ATCC. Entre los hechos documentados destaca la masacre de la finca La Duquesa en Tibú, Norte de Santander (2004), donde el Frente 33 asesinó a 34 campesinos, incluidos dos menores de edad. Adicionalmente, la violencia sexual fue instrumentalizada como mecanismo de castigo y disciplina.
- Desarrollo de las hostilidades: La guerrilla utilizó armamento de impacto indiscriminado en tomas urbanas e incursiones. Uno de los casos más recordados es el ataque a Chalán, Sucre, en 1996, donde el Frente 35 detonó un burro bomba con 50 kilos de explosivos que destruyó el casco urbano, cobró la vida de 11 policías y obligó al desplazamiento masivo de sus habitantes, convirtiendo el sitio en lo que se denominó "el pueblo candado". También se incluyeron atentados como el carro bomba frente a Caracol Radio en Bogotá (2010), el ataque contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla (2002) y sabotajes a la infraestructura petrolera que provocaron graves emergencias ambientales en fuentes hídricas como el río Catatumbo.
