La defensa de Deicy Jiménez, a cargo del abogado Felipe Caballero, llegó a su fin luego de que el jurista presentara su dimisión. Debido a esta situación, la diligencia judicial programada para este martes dentro del proceso por presuntas anomalías en la vinculación laboral de mujeres en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) tuvo que postergarse, mientras se gestiona una nueva fecha para garantizar que la testigo cuente con asistencia legal.
Este expediente se deriva de las pesquisas sobre probables anomalías en contratos y casos de violencia de género ocurridos durante la administración del exmandatario Gustavo Petro, un escándalo conocido públicamente como el de los 'sexocontratos'. Derivado de esto, el ente acusador llamará a declarar al actual titular del DAPRE, Carlos Ríos, tras sus declaraciones ante el Congreso en las que indicó que el número de mujeres afectadas podría llegar a 48.
Dicha citación se desarrollará de forma simultánea a las convocatorias hechas a las exdirectoras de la entidad, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes igualmente tendrán que aportar testimonios dentro de este proceso.
En cuanto a Deicy Jiménez, ya rindió testimonio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instancia en la que expresó su voluntad de entregar un dispositivo móvil que resguardaría posibles pruebas sobre los supuestos ofrecimientos laborales condicionados a favores de carácter sexual. Cabe recordar que ante el alto tribunal se adelanta un proceso contra el exjefe de Estado Gustavo Petro y la entonces legisladora María José Pizarro por los presuntos punibles de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.
De forma simultánea, el Ministerio Público adelanta una indagación preliminar para establecer posibles faltas disciplinarias. Entre las diligencias previstas, la Fiscalía proyecta efectuar inspecciones judiciales en las instalaciones del DAPRE con el fin de recolectar soportes documentales de los vínculos contractuales bajo la lupa. Asimismo, se indicó que el Instituto de Medicina Legal evaluará la posibilidad de practicar valoraciones psiquiátricas y psicológicas, las cuales podrían ser pedidas por la bancada defensora o por la fiscal a cargo del expediente.
