Un nuevo escándalo rodea a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras entablarse acciones penales, fiscales y disciplinarias en contra de cinco togados de la Sala de Apelación ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Los señalados en la actuación legal son Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa Rubiano, Mirtha Patricia Linares Prieto y Danilo Alfonso Rojas Betancourth.
De acuerdo con el expediente, los funcionarios habrían mantenido un rendimiento laboral cuestionable durante varios años, a pesar de disponer de presupuesto estatal y de un equipo de colaboradores superior al habitual en sus oficinas. La queja detalla que los expedientes iniciales que debían pasar a su despacho para definición demoraron largos períodos en ser trasladados desde la creación de la Sección de Apelación.
El punto central de la reclamación indica que los implicados disponían de un equipo de apoyo compuesto por 11 servidores públicos adicionales, al tiempo que —según el texto— pasaron extensos intervalos sin emitir fallos de fondo sobre las impugnaciones.
Asimismo, la acción legal cuestiona que dos de los denunciados, Eduardo Cifuentes y Mirtha Linares, ejercieron la presidencia del tribunal transicional, lo que les otorgaba el poder de modificar la asignación de tareas y el traslado del personal.
Adicionalmente, el recurso pone en duda la ejecución de los fondos del Estado, los desplazamientos de los funcionarios y el rendimiento general de la mencionada sala. Estas dudas se suman a críticas previas relacionadas con los viáticos y los viajes de los altos jueces de este sistema de justicia.
De este modo, se abre un frente crítico para la JEP, entidad que, al cumplirse más de ocho años de labores, afronta discusiones sobre su eficacia, el manejo de su presupuesto y su vigencia en el país.
Corresponderá ahora a los organismos de control y a la justicia definir si se configuran faltas disciplinarias, fiscales o penales, y si la conducta de los magistrados representó una omisión en sus deberes oficiales.
