En una sesión conjunta, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara dieron luz verde en primer debate al proyecto de Ley de Sometimiento a la justicia radicado por el Gobierno nacional. El propósito central del articulado es definir la ruta jurídica para el desmonte de estructuras armadas organizadas y bandas criminales, dejando claro que no habrá mesas de diálogo político ni reconocimiento de beligerancia.
El reloj en contra en el Legislativo
La celeridad del trámite responde a la necesidad de actualizar la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), herramienta que dota al Estado de facultades para encarar la criminalidad y cuya vigencia cuadrienal caduca el 4 de noviembre de 2026.
Con este primer aval, el Congreso dispone de un calendario apretado: ocho días después del visto bueno en comisiones se deberá convocar la discusión en plenarias; es decir, el jueves 28 de octubre se haría el anuncio formal, dejando una ventana de apenas seis días para que las plenarias de Senado y Cámara voten y aprueben el texto en su segundo debate.
Ajustes en vocerías, víctimas y reclutamiento infantil
El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que la esencia del texto original se mantuvo, aunque incorporó ajustes clave durante la discusión. Entre las modificaciones sobresale que los grupos al margen de la ley ya no tendrán la exigencia de recurrir a un abogado como vocero ante los estrados; podrán nombrar a cualquier delegado propio, sin que dicha intermediación confiera reconocimiento político.
De igual forma, se endurecieron las condiciones frente a los testaferros, los colaboradores y el delito de reclutamiento forzado de menores, al tiempo que se reforzó el esquema de amparo para las víctimas.
“La persona tiene que entregar la lista de bienes y tendrá que ser verificada por la Fiscalía General de la Nación, no tendrá los beneficios el primer año, sino a los tres años. Frente al reclutamiento tampoco habrá impunidad tienen que, además de entregar y restablecer los derechos de la niñez, un deber jurídico de decir la verdad reforzado y si tuvieron mando en el reclutamiento la sanción no podrá ser inferior a un monto alto de la pena”, detalló Cancino.
Condiciones, rebajas de penas y operatividad militar
El régimen punitivo planteado en la iniciativa diferencia el grado de mando dentro de la estructura:
- Miembros rasos: podrán recibir rebajas de hasta el 50 % en sus condenas.
- Cabecillas: tendrán un beneficio de hasta el 30 % de reducción sobre las penas acumuladas.
El texto advierte de forma explícita que someterse a este modelo no detendrá la acción de la Fuerza Pública, no congelará las órdenes de captura vigentes ni frenará procesos de extradición. A cambio de los beneficios penales, los comparecientes estarán obligados a entregar la totalidad de sus activos ilícitos y aportar información precisa sobre las redes y rutas del narcotráfico.
Defensa de la iniciativa y remezón ministerial
Horas antes de conocerse su renuncia, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, respaldó con vehemencia la propuesta en el Capitolio y desestimó la concesión de privilegios a los grupos delincuenciales.
"Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle, de ninguna manera, estatus político, se les ofrece es justicia", sentenció Lara.
El exfuncionario insistió en que el proyecto no abre la puerta a fueros excepcionales: "no se crea una justicia paralela, ni cárceles a la medida", recalcó, añadiendo que "aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías, lo que hay, básicamente, es un marco para someterse a la Fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la República, con el Código de Procedimiento Penal a la mano".
Lara se retiró del recinto legislativo hacia las 8:10 p. m. tras dialogar con la prensa. Treinta minutos más tarde, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó su salida del gabinete. El Ministerio del Interior quedó encargado provisionalmente al ministro de Justicia, Iván Cancino, mientras asume de manera oficial Alejandro Ordóñez Maldonado.
