El representante a la Cámara por el departamento del Meta, Milton Carreño, coautor del proyecto de acto legislativo conocido popularmente como “antimermelada”, detalló en una entrevista con un medio radial que la reforma constitucional busca que la labor parlamentaria se desarrolle con total transparencia y cara a la ciudadanía.
La propuesta, impulsada por dos legisladores, pretende obligar a los congresistas a transparentar la manera en que gestionan iniciativas para sus regiones y a revelar los nombres de quienes financiaron sus campañas políticas. Asimismo, Carreño descartó de plano las acusaciones que señalan que la normativa busca legalizar los denominados cupos indicativos.
Gestión regional frente a los vacíos normativos
Al referirse al concepto de “mermelada”, el congresista la definió como un término del argot popular que alude a prebendas o contraprestaciones derivadas de gestiones y aprobaciones en el Legislativo. Ante cuestionamientos sobre casos cotidianos, como la solicitud de obras a ministerios por parte de parlamentarios, reconoció que aunque se trata de prácticas habituales para buscar el bienestar de las comunidades, hoy en día se encuentran en una zona gris regulatoria.
Sobre la posibilidad de gestionar puestos para líderes políticos a cambio de respaldo electoral, el representante admitió que el escenario actual es difuso, aunque recalcó que su labor y la de sus colegas debe enfocarse siempre en el interés general y no en la tramitación de hojas de vida.
“Ser claros, ser contundentes, ser frenteros sobre la mesa”, sostuvo Carreño al abogar por una postura de frontalidad ante el contexto político nacional.
Reglas claras sobre financiación y proyectos
El legislador, con más de tres décadas de trayectoria política, enfatizó que la iniciativa no contempla el manejo de bolsas de recursos ni presupuestos específicos. Lo que propone es otorgar la facultad para postular proyectos que beneficien a las regiones a través de los planes de desarrollo y el Presupuesto General de la Nación.
Entre los puntos clave de la reforma destacan:
- Obligación de detallar en las rendiciones de cuentas a cada uno de los financiadores de campaña.
- Creación de una ley orgánica, en un plazo de 12 meses, que regulará un registro público de intereses y el trámite de postulación de proyectos.
- Establecimiento de sanciones y procedimientos claros frente a posibles incumplimientos.
- Declaración obligatoria de impedimentos cuando existan conflictos de interés, especialmente si una iniciativa beneficia de forma particular a una empresa y no a un sector económico en general.
Finalmente, Carreño rechazó las críticas del exministro Alfonso Prada sobre una supuesta constitucionalización de los cupos indicativos, reiterando que dicha figura es cosa del pasado y que la postulación de proyectos será un ejercicio abierto y vigilado por los organismos de control.
