Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral se quedaron sin los esquemas de seguridad que les habían sido asignados durante la administración anterior, luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisara sus condiciones de riesgo.
Según información oficial, la determinación se tomó tras evaluar cada caso y concluir que no había razones suficientes para mantener las medidas de protección.
Fuentes del Gobierno Nacional indicaron que los esquemas tenían un costo cercano a $40 millones mensuales para el Estado.
Controversia por la asignación en el gobierno anterior
La discusión surgió días atrás, cuando se conoció que Muñoz —cercana al expresidente Gustavo Petro y mencionada por presuntas influencias indebidas en Aerocivil— recibió protección antes de que terminara el gobierno anterior.
De acuerdo con lo divulgado, el esquema de Muñoz habría sido otorgado con el argumento de que hacía parte de un grupo político. Sin embargo, ella manifestó públicamente que su situación obedecía a amenazas reales, que según dijo, fueron presentadas ante la Fiscalía.
Tras conocerse el caso, Muñoz sostuvo que desde hacía meses adelantaba gestiones ante las autoridades para tramitar un proceso vinculado a su seguridad. Además, afirmó que la Fiscalía había pedido medidas de protección por el nivel de riesgo que enfrentaba.
El Tiempo precisó que Muñoz sí radicó denuncias por amenazas. No obstante, voceros de la Fiscalía aclararon que la entidad no solicitó directamente la asignación de un esquema de seguridad, sino que pidió que se realizara la evaluación de su nivel de riesgo.
Decisión de la UNP también cobijó a Guerrero y Coral
Con base en la revisión posterior, la UNP concluyó que las condiciones existentes no justificaban continuar con la protección. La medida se extendió también a Juliana Guerrero y Beto Coral, cuyos esquemas igualmente fueron entregados durante el gobierno de Petro.
El retiro de estas medidas reaviva el debate sobre la manera en que se otorgaron algunos esquemas de seguridad en la administración precedente y sobre el uso de recursos públicos para amparar a personas con vínculos políticos con el petrismo.
