Se desató una fuerte polémica en el país debido a los beneficios otorgados a exintegrantes de las FARC, luego de que el representante a la Cámara Daniel Briceño criticara las declaraciones de Julián Gallo, conocido como alias Tornillo, y el uso de fondos públicos para costear la seguridad de excombatientes como Sandra Ramírez.
El debate sobre las sanciones y los acuerdos
La controversia inició en un evento de la Defensoría del Pueblo para conmemorar una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. En el espacio, Gallo, excomandante guerrillero y hoy dirigente del partido Comunes, restó importancia a los cuestionamientos sobre las penas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) e invitó a los críticos a revisar lo pactado en La Habana.
"Que lean los acuerdos. En los acuerdos están cuáles eran las sanciones. Entonces que diez años después todavía se esté criticando eso quiere decir que no se han leído los acuerdos", expresó Gallo.
Ante esto, el congresista Daniel Briceño reprochó que antiguos jefes subversivos pretendan dar cátedra sobre la implementación del pacto de paz mientras siguen pendientes las reparaciones y el esclarecimiento de la verdad para las víctimas.
"Un señor como alias Tornillo debería estar hace rato en una cárcel pagando muchos años por sus múltiples delitos. Sin embargo, después de vagar en el Congreso varios años anda con escoltas y dando 'lecciones de moral' como si fuera alguien decente. Eso es lo que celebran", replicó el legislador.
Polémica por esquema de seguridad y llamado de la JEP
El malestar de Briceño también abarcó a Sandra Ramírez, exsenadora de Comunes, tras conocerse su petición ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su esquema de protección.
"Inaceptable que mientras se le pide más plata a los colombianos y mientras el sufrimiento de la gente paga impuestos, parte de esos recursos se vayan a pagarle esquemas de seguridad a los victimarios como la señora Sandra Ramírez", aseveró el representante.
El director de la UNP, Didier Blanco, aclaró que la solicitud sigue bajo análisis técnico y todavía no cuenta con una aprobación definitiva. Paralelamente, la JEP citó a Ramírez a rendir versión voluntaria dentro del Caso 07, enfocado en el reclutamiento de menores y otros delitos cometidos contra niños durante el conflicto, con el fin de determinar su grado de influencia y conocimiento en dichos actos, sin que esto signifique una imputación penal por ahora.
Revisión gubernamental de los esquemas de protección
El asunto reactiva el debate sobre las prerrogativas jurídicas y económicas de quienes dejaron las armas. Aunque el proceso de paz contempla mecanismos de reincorporación, las normas exigen aportes reales a la verdad y el cumplimiento de responsabilidades con las víctimas.
Por su parte, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció durante una audiencia en la JEP que se examinarán los esquemas de seguridad de los firmantes para establecer quiénes los requieren realmente.
"En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad. No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas que para con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas o se movilicen terroristas", sentenció el funcionario.
La discusión deja abierta la incógnita sobre cómo proteger la vida de los excombatientes sin transformar las medidas de seguridad en privilegios desmedidos, mientras las víctimas exigen justicia y cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos.
