El equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe, encabezado por el jurista Jaime Granados, se pronunció acerca de la clausura de la indagación que enfrentaba el exmandatario por un supuesto ofrecimiento de dineros a exintegrantes de grupos paramilitares con el fin de obtener testimonios en contra del senador Iván Cepeda. La determinación fue tomada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual estableció que las conductas investigadas jamás sucedieron.
Mediante un comunicado, Granados advirtió que «darle mérito y resonancia mediática a versiones que, de entrada, se advierten infundadas abre la puerta a que se imponga el juicio paralelo sobre la absolución tardía».
Tras un periodo de ocho indagaciones, las autoridades llegaron a la conclusión de que a Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’, y a Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, no se les entregó ningún tipo de contraprestación económica por rendir sus versiones.
La defensa del ex jefe de Estado elaboró una cronología sobre el caso y reflexionó en torno a lo que denominó como «la personalización de la justicia», advirtiendo sobre los peligros de que episodios similares afecten a cualquier ciudadano.
«El 16 de febrero de 2018, en providencia interlocutoria a favor de Iván Cepeda Castro, una Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el entonces magistrado José Luis Barceló, ordenó compulsar copias en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez para investigar un posible sobores a los testigos identificados con los alias de Simón y Castañeda».
Dicha compulsería de copias tuvo su origen en las declaraciones entregadas por Pablo Hernán Sierra García, conocido con el alias de ‘Pipintá’. De acuerdo con la defensa, Sierra reconoció la carencia de pruebas al señalar que ‘Simón’ y ‘Castañeda’ habrían percibido sumas considerables de dinero a cambio de los testimonios brindados en 2014, en los cuales mencionaban ofrecimientos por parte de Iván Cepeda para declarar en contra de Álvaro Uribe.
El abogado defensor recalcó que, en su momento, le indicó a la Sala que carecía de sustento realizar dicha compulsa y pidió su revocatoria. Pese a esto, la medida se mantuvo y, según el bufete Jaime Granados S.A.S., ocasionó un grave perjuicio tanto en el ámbito reputacional como electoral del expresidente, consolidando lo que calificaron como una «falsa narrativa mediática de que este compraba y manipulaba testimonios».
Luego de que el expediente pasara por el análisis de distintas salas del alto tribunal y posteriormente por la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Séptima Delegada comunicó el cierre definitivo de las pesquisas al corroborar la inexistencia de los hechos y confirmar que no hubo entrega de dineros a los exparamilitares.
