Un numeroso grupo de recicladores de oficio se apostó este viernes en las inmediaciones del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, en el marco de una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar las salvaguardas de esta comunidad dentro del esquema renovado de contratación y prestación del servicio de aseo en la ciudad.
El propósito central de la diligencia es definir los mecanismos que aseguren la continuidad de su labor, el acceso al material reciclable y la obtención de una retribución justa y oportuna, frente a las modificaciones normativas y contractuales que se avecinan para el sistema distrital.
La citación provino de la Sala Séptima de Revisión del alto tribunal, mediante el Auto 1461 del 26 de octubre de 2026, bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. En el espacio participan delegados de agremiaciones de recicladores, carteras del orden nacional y distrital, entes de control y especialistas técnicos.
Antecedentes de protección judicial
Este debate judicial cuenta con un historial superior a dos décadas. Ya en 2003, a través de la Sentencia T-724, el tribunal constitucional dictaminó que el Distrito debía implementar acciones diferenciales para asegurar la inclusión de los recicladores en las contrataciones del servicio de aseo.
En dicha providencia, la corporación concluyó que los parámetros de un proceso licitatorio impulsado por la capital vulneraban las garantías de igualdad, debido proceso y trabajo de este sector al omitir previsiones suficientes para su participación.
Desde entonces, el tribunal ha sostenido una vigilancia estricta sobre el acatamiento de estos mandatos, con el fin de impedir que la modernización del servicio margine a quienes devengan su sustento del reciclaje.
Inquietudes normativas y contractuales
Uno de los puntos críticos de alarma gira en torno a la Resolución CRA 1040 de 2026, firmada el 30 de julio, la cual introdujo un esquema tarifario inédito para los operadores de mayor tamaño en el servicio de aseo.
Las asociaciones del gremio han advertido posibles repercusiones financieras y operativas derivadas de esta regulación, principalmente en lo tocante a la recolección de residuos aprovechables, la vigencia de sus labores y el pago correspondiente por su gestión.
La inquietud también abarca el diseño del próximo modelo contractual que estructurará la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
La Corte pretende esclarecer qué previsiones específicas tiene listas la Alcaldía para integrar a los recicladores en este esquema y salvaguardar sus derechos adquiridos por vía judicial.
Ejes centrales del debate
- Acceso al material aprovechable: Garantizar que los recicladores sigan recolectando y transformando los residuos.
- Permanencia en la actividad: Evitar la exclusión del sistema mediante las nuevas reglas contractuales.
- Remuneración: Asegurar un pago equitativo y puntual por la labor de aprovechamiento.
Asimismo, se revisarán los puentes de coordinación entre el Palacio Liévano, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y demás entidades competentes.
Cabe resaltar que el objetivo de la diligencia no es tumbar el nuevo régimen tarifario ni alterar sus normas de manera directa. La actuación judicial busca comprobar que la futura contratación en Bogotá acate los precedentes protectores de los recicladores.
La protesta a las afueras del Palacio de Justicia evidencia la zozobra de quienes dependen cotidianamente del rescate y venta de elementos reciclables para el bienestar de sus hogares, en un proceso que definirá el rumbo de la economía circular y el servicio de aseo en la capital.
