Con una votación de 57 apoyos contra 24 objeciones, la plenaria del Senado de la República dio vía libre al proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia. La propuesta legislativa, promovida por la administración de Abelardo de la Espriella, busca reorientar la actuación estatal frente a las bandas criminales y apartarse del enfoque de la Paz Total implementado durante el mandato de Gustavo Petro.
El articulado superó su último debate en la corporación tras intensas discrepancias entre las bancadas del Gobierno y la oposición. La iniciativa plantea una ruta jurídica para que las estructuras armadas ilegales comparezcan ante las autoridades bajo reglas estrictas, descartando de plano el reconocimiento de estatus político o la instalación de mesas de diálogo de carácter político.
Condiciones y beneficios penales
El esquema propone incentivos judiciales diferenciados para quienes se acojan por voluntad propia, condicionados al cumplimiento de exigencias verificables:
- Dejación definitiva de las armas e interrupción inmediata de delitos.
- Entrega de información sobre el funcionamiento de las estructuras armadas.
- Aporte y traspaso de bienes de origen ilícito destinados a la reparación de las víctimas.
- Colaboración directa en las investigaciones judiciales.
En materia de penas, el proyecto autoriza rebajas de hasta el 50 % para los integrantes de base y un tope del 30 % para quienes hayan ejercido labores de mando. No obstante, para conductas como el reclutamiento forzado de menores de edad, el ponente Hernán Cadavid precisó que el beneficio no podrá superar el 10 % y se mantendrá una sanción mínima de 10 años de prisión. Asimismo, para testaferros o terceros colaboradores se fijó un piso de seis años de privación de la libertad, condicionado a la devolución total de los activos ilícitos.
La norma aclara que este mecanismo no suspenderá órdenes de captura ni solicitudes de extradición vigentes, y dejará en manos de la Rama Judicial la vigilancia estricta del cumplimiento de los acuerdos.
Divergencias frente a la Paz Total y trámite contrarreloj
La medida rompe con la estrategia de la administración anterior, que contemplaba conversaciones y acercamientos con múltiples actores armados. Los defensores del proyecto argumentaron que el país requiere un marco certero para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, mientras que los sectores críticos advirtieron sobre los riesgos de otorgar rebajas de penas a responsables de delitos graves y sobre la suficiencia del sometimiento puramente judicial frente a las causas del conflicto.
La iniciativa, radicada con mensaje de urgencia bajo los números 296 de 2026 en Senado y 433 de 2026 en Cámara, prorroga y ajusta la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Dicha legislación pierde vigencia este 4 de noviembre, por lo que la Cámara de Representantes deberá culminar de manera perentoria su debate y eventual conciliación para evitar que queden sin piso jurídico diversas herramientas de seguridad del Estado.
