El decomiso de 13.754 tarjetas SIM dentro del establecimiento penitenciario La Picota, ubicado en Bogotá, revivió la discusión en torno al empleo de equipos móviles desde las cárceles para perpetrar extorsiones y otros ilícitos. Como consecuencia de esta diligencia, en el Congreso de la República se promueve una iniciativa legislativa para endurecer los filtros en la comercialización y habilitación de líneas móviles en el país.
Detalles de la iniciativa legislativa
El proyecto, bautizado como «No Más Extorsión y Suplantación Telefónica» y liderado por el representante a la Cámara Darwin Castellanos, propone que las SIM card se vendan desactivadas. De esta manera, para poner en funcionamiento una línea, se exigiría obligatoriamente la presentación del documento de identidad y la validación exhaustiva de la información del adquiriente.
La medida pretende dotar a las autoridades de mejores instrumentos para seguir el rastro de comunicaciones asociadas a conductas criminales, optimizando los procesos de reconocimiento de los dueños de cada línea.
Combate a la extorsión carcelaria
El propósito central es obstaculizar que los delincuentes empleen líneas anónimas o cambien de chip de forma continua para intimidar a la ciudadanía, comerciantes y empresarios, exigiendo sumas de dinero a cambio de seguridad.
Esta propuesta legislativa intenta cortar de raíz una de las fallas operativas que propician este delito: la facilidad para adquirir servicios de telefonía móvil sin filtros estrictos de validación personal.
La propuesta tendrá que surtir su respectivo debate en el legislativo para lograr su aprobación definitiva. Entre tanto, el reciente hallazgo en el penal bogotano evidencia la urgencia de blindar los penales para evitar que funcionen como centros de operaciones delictivas.
