Apenas dos días después de que el Gobierno Nacional radicara la iniciativa de sometimiento y acogimiento de estructuras armadas ilegales —junto con la solicitud de mensaje de urgencia—, las comisiones primeras conjuntas del Congreso recibieron la ponencia favorable para dar inicio al primer debate.
Si bien la propuesta conserva el principio de excluir diálogos de carácter político con los actores armados al margen de la ley, los congresistas encargados de la ponencia introdujeron modificaciones clave, destacando la implementación de un filtro riguroso para certificar la pertenencia a estas organizaciones.
Mientras que el texto original contemplaba que el Ministerio de Justicia aceptara de buena fe los listados suministrados por las facciones, el nuevo documento dispone que la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública efectúen un cotejo previo. Este filtro busca confirmar la identidad de los postulados antes de que la cartera ministerial avale los nombramientos, cerrándole el paso a posibles infiltrados o personas ajenas que busquen acceder irregularmente a rebajas de pena.
En lo referente a las sanciones judiciales, los coordinadores ponentes sustituyeron el concepto de "rol de liderazgo" por la denominación jurídica de "rol de mando", homologando así los términos con el Código Penal vigente. Asimismo, se especificó que la acumulación de beneficios punitivos cobijará exclusivamente a los combatientes rasos, al tiempo que se ratificó una condena privativa de la libertad no menor a 10 años para los máximos jefes de estos grupos.
Mayor veeduría y ajustes en contratación
En cuanto a los mecanismos de fiscalización y manejo de recursos, la ponencia ajustó el articulado para que los contratos directos con reserva del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) se ejecuten de manera exclusiva en iniciativas de la fuerza pública. Igualmente, el mandato que le exige al Ministerio de Justicia entregar un reporte anual al Legislativo sobre los tropiezos y avances de la ley fue elevado a artículo autónomo, asegurando un control político constante.
Como resultado de estas modificaciones, el proyecto creció de 22 a 28 artículos, con el propósito de optimizar su operatividad ante los despachos judiciales y la Fiscalía. Se prevé que la discusión inicial del articulado se lleve a cabo en el transcurso de la próxima semana.
