La defensa de Eva Ferrer confirmó que su clienta entregará una declaración jurada ante la Fiscalía General de la Nación el próximo miércoles 21 de octubre a través de una diligencia virtual. El abogado defensor, Jhony Batalla Mena, detalló en Mañanas Blu que aportarán soportes físicos que incluyen documentos, registros fotográficos, líneas de tiempo con fechas y horas de reuniones, así como números telefónicos.
El jurista explicó que el aplazamiento de la citación inicial respondió a un pacto previo con el organismo investigador, el cual consistía en aguardar a la publicación de una reciente entrevista concedida por Ferrer a la revista Semana para que ella determinara si declaraba de inmediato o posponía la diligencia.
Motivos de seguridad y traslado al exterior
Batalla indicó que sostuvo un encuentro previo con delegados de la Fiscalía para advertirles que Ferrer afronta "problemas de seguridad muy potentes" que ponen en riesgo su vida y la de sus padres, motivo por el cual abandonó el país. Debido a esta situación, ambas partes acordaron una metodología específica para llevar a cabo la toma del testimonio y la recepción de las evidencias.
“Claro que sí, eso fue el acuerdo que quedamos con la Fiscalía”, respondió Batalla al ser cuestionado sobre la comparecencia de su clienta en la nueva fecha.
El abogado prefirió no revelar los detalles del material probatorio para no vulnerar la reserva del sumario. Advirtió que divulgar las pruebas ante los medios de comunicación antes de ponerlas a disposición de las autoridades podría ocasionar que el ente acusador las desestime por falta de fiabilidad.
Ante el derecho de petición emitido por la exprimera dama Verónica Alcocer —en el cual asegura que efectuó dos desplazamientos a Venezuela el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023 respaldados por agendas oficiales y registros—, el representante legal sostuvo que carece de elementos para corroborar tales afirmaciones y que esperará el desarrollo de la diligencia del 21 de octubre.
Posible colaboración y justicia premial
En cuanto al estatus procesal de su clienta, el defensor aclaró que la citación corresponde estrictamente a una declaración jurada y que corresponderá a la Fiscalía determinar si conserva el rol de testigo o adquiere la condición de indiciada una vez entregue su versión. Agregó que su labor consiste en garantizar el debido proceso y evitar la autoincriminación.
De darse un cambio en su situación judicial, Batalla aseguró que evaluarán el camino “más eficaz y más favorable”. Se declaró partidario de la justicia premial por considerarla la vía más rápida y efectiva, e infirió que Ferrer ya optó por esta alternativa al brindar declaraciones contundentes, sugiriendo que podría inclinarse por un principio de oportunidad.
Temas de la indagación y presiones denunciadas
El abogado precisó que el testimonio abarcará lo expresado en la revista Semana, lo cual comprende las acusaciones contra Alcocer, presuntos casos de corrupción estatal y un caso de tráfico de armas que el organismo investigador busca esclarecer. Asimismo, recordó que la investigación en curso se originó a partir de la denuncia de un senador del Centro Democrático y no por la entrevista.
Según el relato de Batalla, la decisión de Ferrer de hacer públicos los señalamientos obedeció al temor generado por amenazas y presiones tras la filtración de unos audios revelados por un representante a la Cámara del Centro Democrático. Afirmó que su clienta teme por su integridad y la de sus padres, y recordó que al inicio de la entrevista solicitó protección al Gobierno nacional.
Para finalizar, el jurista reiteró que Ferrer se mantiene firme en sus acusaciones en contra de Verónica Alcocer y de Manuel Grau, y que continuará refiriéndose a estas supuestas conductas delictivas bajo la premisa de que su carácter es presunto hasta que la investigación de la Fiscalía concluya. Tanto Alcocer como Grau han manifestado su intención de emprender acciones legales de carácter civil y penal contra la declarante.
