El Instituto Nacional de Medicina Legal enviará en el transcurso de la próxima semana a la Fiscalía General de la Nación el reporte forense conclusivo acerca del homicidio de Blanca Pardo, la mujer de 72 años que fue asesinada en el municipio de Santa Bárbara, Nariño, un hecho que se transformó en un emblema frente a las agresiones hacia la población de la tercera edad en el país. El anuncio lo hizo Ariel Cortés, director de la institución, durante una charla con el medio radial Mañanas Blu.
Hasta el momento, la entidad no ha podido confirmar la existencia de agresiones sexuales. El funcionario aclaró que el dictamen preliminar ya fue remitido al organismo investigador, pero la culminación del expediente total depende de análisis complementarios que se adelantan fuera de la capital del Valle del Cauca.
Cortés detalló que la víctima ingresó a las instalaciones del instituto el pasado 31 de agosto, fecha en la que se le practicó la necropsia y se emitió el concepto inicial. No obstante, el documento final sufrió demoras debido a limitaciones técnicas: la sede de la Regional Suroccidente en Cali perdió su capacidad operativa de laboratorio a raíz de un movimiento telúrico.
“En este momento no podemos hacer nada de toxicología, nada de estupefacientes, nada de biología, absolutamente nada de laboratorio en Cali”, puntualizó el director.
Por esta razón, los especímenes biológicos debieron trasladarse a otra región del territorio nacional para su respectivo estudio. Con dichos resultados, Medicina Legal prevé finiquitar el informe y radicarlo ante la Fiscalía en los próximos días. Cortés recordó que, tras la entrega, corresponderá al ente investigador determinar el curso de las acciones judiciales correspondientes.
Radiografía de las cifras de violencia
Durante su intervención, el director expuso una comparativa estadística entre los periodos de enero a julio de 2025 y los mismos meses de 2026. Los registros en personas mayores de 60 años se elevaron de 2.874 a 3.172, mientras que los homicidios experimentaron un descenso al pasar de 409 a 397 casos.
De acuerdo con su análisis, el incremento en la mortalidad —catalogada por la entidad como “lesiones fatales”— responde primordialmente a incidentes viales y muertes accidentales, y no al incremento de crímenes violentos. En cuanto a las presuntas agresiones sexuales, clasificadas dentro de las lesiones no fatales, Cortés especificó que el 80 % de las víctimas corresponden a mujeres y el 20 % a hombres, una proporción constante en los dos años evaluados.
Frente al volumen total de estos delitos, mencionó que se contabilizaron 138 casos en 2024 y 139 en 2025, evidenciando estabilidad en la tendencia, aunque aclaró el año de referencia inicial tras un lapsus en la entrevista. Geográficamente, Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia concentran las mayores incidencias, afectando sobre todo a mayores de 70 años en zonas urbanas como Bogotá, Cali y Medellín.
Preocupación nacional y otros hechos
En el transcurso del espacio radial se recordaron hechos de violencia similares ocurridos recientemente en San Vicente de Chucurí (Santander) y La Unión (Antioquia). Ante la consulta sobre qué motiva a los victimarios a lastimar a los ancianos, el director admitió su desconcierto: “Pues yo realmente tampoco lo entiendo”.
Asimismo, Cortés comparó esta problemática con la situación de los menores de edad, señalando que cada año cerca de 16.000 menores de 17 años sufren abusos sexuales, un escenario que calificó de extrema gravedad y que la subdirección de investigación científica del Instituto evaluará estudiar a profundidad en el futuro.
