El representante legal de la firma DLH Legal Group, que asume la defensa de varios excongresistas y dirigentes del partido Comunes —entre ellos Luis Alberto Albán, conocido en el proceso de paz como Marcos Calarcá—, rechazó rotundamente las recientes afirmaciones hechas por María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay.
Durante una entrevista concedida al programa Mañanas Blu, el jurista aclaró que, si bien la bancada comprende el dolor de los familiares y respalda su derecho a esclarecer los hechos, emitir señalamientos públicos sin el aval de las autoridades judiciales vulnera las garantías procesales.
La postura jurídica de los implicados comenzó expresando solidaridad con los allegados del fallecido congresista:
“Bueno, en primer lugar quiero manifestar nuestro profundo respeto a la memoria del senador Miguel Uribe por su familia y por el derecho que tiene la víctimas a conocer toda la verdad”.
No obstante, el abogado diferenció el derecho legítimo a interponer denuncias de los juicios mediáticos anticipados:
“No venimos a cuestionar el derecho de María Claudia Tarazona a reclamar justicia. Tampoco pretendemos impedir que la fiscalía investigue ninguna hipótesis... Pero una cosa es investigar una denuncia y otra muy distinta es convertirla anticipadamente en una condena pública”.
Asimismo, el defensor hizo hincapié en el mandato constitucional sobre la presunción de inocencia y la individualización de los delitos:
“Recordamos que la responsabilidad penal en Colombia es individual. No se determina por una antigua militancia, un nombre, un alias o una asociación política. Se establece mediante pruebas legalmente obtenidas y una decisión de autoridad judicial competente”.
Solicitud formal ante la Fiscalía
En relación con los supuestos chats y elementos de prueba que Tarazona aseguró haber entregado al ente acusador, la defensa jurídica confirmó que ya radicó una petición formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se les comparta dicho material y así poder examinarlo legalmente.
Sobre este punto, el apoderado sostuvo:
“Siento que es una irresponsabilidad en este caso las declaraciones que está haciendo, señalar sin las pruebas que estén dentro de la fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos”.
La firma agregó que ya se acreditaron los poderes respectivos ante el despacho fiscal para dejar en evidencia su total disposición a cooperar con las pesquisas:
“El día de ayer lo hicimos con los poderes que tenemos en la firma. Ahí está el comunicado donde le expresamos a la señora fiscal que nos preocupa la situación y que estamos prestos a responder a cualquier investigación que se genere sobre estos hechos”.
Igualmente, el representante legal insistió en la necesidad de conocer el expediente de primera mano:
“solicitamos a la Fiscalía que nos hiciera traslado el día de ayer para ver la valoración judicial a lo que ella está diciendo y manifestando públicamente”.
Desvinculación del magnicidio y presencia en el país
Al ser interrogado sobre el estado judicial de Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), el jurista descartó tajantemente cualquier participación de su cliente en el magnicidio:
“lógicamente que él no tiene nada que ver con ese magnicidio”.
Para finalizar, recordó que Albán permanece en el territorio nacional y acata a cabalidad las exigencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP):
“Él está cumpliendo con el acuerdo de paz en el proceso de la JEP”.
