La líder del Centro Democrático, Paloma Valencia, solicitó claridad inmediata a las autoridades tras denunciar que su campaña presidencial habría sido objeto de infiltraciones vinculadas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la administración del presidente Gustavo Petro.
El reclamo de la dirigente política surge luego de una investigación difundida por Noticias Caracol, en la que se divulgaron archivos reservados de la DNI que señalan presuntas maniobras irregulares, extralimitación de funciones e intentos de injerencia en los comicios previstos para 2026.
Acciones legales y cuestionamientos de la senadora
En un mensaje emitido a través de su cuenta en la red social X, Valencia calificó la situación como un hecho de suma gravedad e insistió en determinar con exactitud qué datos habrían sido sustraídos, qué métodos se emplearon y quién coordinó las operaciones dentro de su equipo de trabajo.
La congresista explicó que el carácter participativo y abierto de su campaña facilitó el ingreso de personas ajenas a la causa, al tiempo que cuestionó de forma enérgica que entidades del Estado interfieran en colectividades opositoras. Ante esto, confirmó que se acreditará formalmente como víctima en los procesos judiciales y buscará que su partido político tome la misma postura jurídica.
El papel de Carlos Oyola Tovar
En el centro de las revelaciones figura Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero de sistemas oriundo de Neiva que se integró a la plantilla de la DNI en febrero de 2024. Reportes de la Unidad Investigativa de Caracol lo relacionan con el manejo de redes de ciberactivismo, hackers y difusión digital dentro del organismo.
Los documentos conocidos apuntan a que Oyola presuntamente coordinaba un plan informático dirigido a vulnerar las plataformas de la Registraduría Nacional con el propósito de intervenir en la jornada electoral del 21 de junio de 2026. La justicia, no obstante, deberá determinar la veracidad, alcance y autoría intelectual de tales señalamientos.
El pasado 6 de noviembre de 2026, Oyola fue detenido en Neiva mediante un operativo conjunto entre fuerzas militares y judiciales. La orden de captura en su contra databa del 7 de mayo de ese mismo año, motivada por una pesquisa sobre presuntas adulteraciones en el sistema de calificaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). En dicho proceso se le indaga por delitos como acceso indebido a sistemas informáticos, fraude procesal, falsedad documental y concierto para delinquir.
Llama la atención de los investigadores que el ingeniero continuó desempeñando funciones en la DNI pese a registrar la orden de captura vigente, además de figurar en informes internos por la desaparición de registros estatales y la no entrega de desarrollos tecnológicos.
Antecedentes e inquietudes en torno a la inteligencia estatal
Estas denuncias se suman a una serie de cuestionamientos sobre el uso indebido de los aparatos de inteligencia estatal en el país. En octubre anterior, la revista Semana informó sobre una auditoría forense a cerca de 147 terabytes de información, decenas de computadores y teléfonos celulares de la DNI, donde se detectaron sospechas de seguimiento a sectores opositores.
Asimismo, informes de empalme elaborados en julio de 2026 alertaron sobre aparentes iniciativas para instalar dispositivos de geolocalización y micrófonos en los esquemas de protección asignados a expresidentes y exvicepresidentes.
El caso reactiva en el debate nacional las comparaciones con los episodios de interceptaciones ilegales protagonizados años atrás por el extinto DAS, subrayando la urgencia de que la Fiscalía General de la Nación determine si existieron actuaciones al margen de la ley dirigidas a afectar el proceso democrático.










