A través de la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, el Ministerio de Minas y Energía dejó sin efecto las 15 resoluciones con las que se habían constituido los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Estas delimitaciones sumaban más de 5,3 millones de hectáreas repartidas entre 11 departamentos y la costa Pacífica colombiana. De acuerdo con la cartera minero-energética, el propósito principal de la medida es brindar estabilidad jurídica e impulsar la llegada de capitales al sector.
Entre los argumentos para revocar estas figuras, el Gobierno enfatizó que no se evidenciaron avances concretos en frentes como la reconversión laboral, el desarrollo industrial, la diversificación económica ni el bienestar de las poblaciones locales. Asimismo, los planes de gestión estratégica previstos para coordinar estas transformaciones nunca se adoptaron formalmente, a pesar de que 14 de los 15 distritos se crearon en el transcurso de 2026.
El ministerio también advirtió que la normativa carecía de vigencias delimitadas, extensiones geográficas claras y reglas de transición, un vacío que sembró incertidumbre tanto entre los actuales concesionarios como entre quienes tramitaban nuevas solicitudes. A este panorama se sumó la desarticulación con los planes de ordenamiento territorial municipales y la falta de alternativas económicas sólidas antes de contemplar la salida gradual de la actividad extractiva.
Garantías a títulos y trámites vigentes
Pese a la nulidad de las resoluciones, las autoridades confirmaron que se respetarán los títulos mineros actuales, los procesos de solicitud en curso, los derechos consolidados y los acuerdos alcanzados en consultas previas. A partir de la expedición del acto administrativo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el ministerio dispondrán de 30 días para actualizar el Catastro Minero Colombiano y las plataformas cartográficas del Estado con el fin de retirar estas zonas especiales.
Los Distritos Mineros Especiales surgieron a partir de la Ley 2294 de 2023 y fueron reglamentados en 2024 con la meta de promover la formalización de la pequeña minería, añadir valor a los minerales y dinamizar nuevas actividades productivas, protegiendo al mismo tiempo las fuentes hídricas y el entorno ambiental.
Frente a la determinación, la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, explicó que la política de diversificación debe buscar la coexistencia de la minería con renglones como el agro, el comercio, la industria y el turismo, en lugar de forzar una sustitución que no ofrezca alternativas reales de sustento. La funcionaria concluyó que este lineamiento se articulará con las regiones dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
