La congresista del Centro Democrático, María Clara Posada, envió una comunicación a la Defensoría del Pueblo luego de que el organismo le exigiera rectificar sus señalamientos en contra de Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que carecían de sustento.
Por medio de una misiva difundida este 24 de octubre de 2026 y dirigida a la defensora del pueblo, Iris Marín, junto a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta, la legisladora reivindicó su derecho a la libre expresión y sus facultades de control político. Asimismo, recalcó que no precisa autorización estatal para vigilar las actuaciones de una entidad sostenida con presupuesto nacional.
El origen del cruce institucional
El choque se desató cuando la Defensoría catalogó de “campaña de desprestigio y desinformación” los ataques dirigidos hacia Lemaitre. La entidad advirtió que varios contenidos divulgados por la senadora y por su colega Germán Rodríguez utilizaban fragmentos fuera de contexto de audiencias judiciales y contenían elementos de violencia de género.
Ante estos cuestionamientos, la congresista replicó que una solicitud de contexto no puede transformarse en una mordaza a sus puntos de vista, y ratificó sus reparos sobre el trato que, desde su perspectiva, se le dio a un exintegrante de las FARC en estrados judiciales.
Seguridad jurídica y control público
En su pronunciamiento, Posada argumentó que las resoluciones de los jueces no eximen de fiscalizar la manera en que se trata a los comparecedores frente a lo que reciben las víctimas. De igual forma, exigió claridad sobre las discrepancias que dice haber hallado entre los trámites de antiguos miembros de la guerrilla y los del personal de la Fuerza Pública.
La parlamentaria subrayó que la autonomía de la Rama Judicial no debe coartar la veeduría ciudadana y prometió seguir fiscalizando las decisiones de la JEP, aportando pruebas y argumentos.
Polémica por bienes y contratación
Otro de los ejes de la carta aborda el proceso de dejación de bienes por parte de la extinta guerrilla. La senadora indicó que, según sus cuentas, estaría pendiente por entregar el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles que se habían prometido.
Con base en esas cifras, emplazó a la Defensoría a detallar qué seguimiento le ha dado a dicha restitución y a la garantía de los derechos de las víctimas.
Adicionalmente, puso sobre la mesa inquietudes respecto a los contratos celebrados por la JEP mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), citando la ejecución de 201.467 millones de pesos a través de dicha figura.
Cuestionamientos a la trayectoria de la Defensora
En otro de los apartes, Posada aludió al pasado laboral de Iris Marín y su vínculo previo con la JEP.
“Su anterior vinculación profesional con la JEP no puede traducirse en el uso de la autoridad de la Defensoría para defender a su antiguo empleador ni en una solidaridad con antiguos colegas que comprometa su imparcialidad”, manifestó la senadora.
A pesar de calificar los informes de la Defensoría como sesgados y descontextualizados, aclaró que disentir de la entidad no equivale a pretender imponerle sus propias convicciones.
Finalmente, la congresista advirtió que esta discusión incrementa su nivel de riesgo ante posibles agresiones, por lo que instó a la defensora a obrar con cautela para impedir que los pronunciamientos institucionales estigmaticen su labor fiscalizadora.
