Una fuerte advertencia lanzó la Defensoría del Pueblo frente a lo que consideró una campaña de descrédito y desinformación dirigida contra Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El organismo de derechos humanos instó a los congresistas María Clara Posada, del Centro Democrático, y Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, a retractarse de versiones que catalogó como infundadas. La institución subrayó que estos señalamientos no solo comprometen la autonomía judicial, sino que además configuran patrones de violencia de género.
A través de un pronunciamiento este 24 de octubre, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reprochó la difusión en redes de extractos editados y fuera de contexto de audiencias judiciales. Dichas piezas, según el órgano defensorial, han sido manipuladas con la intención de sugerir una supuesta afinidad o complicidad entre la togada y desmovilizados de las antiguas Farc.
De igual manera, la entidad rechazó los comentarios alusivos a la vida íntima y a presuntos vínculos afectivos de Lemaitre, indicando que este tipo de ataques recurre a estereotipos sexistas para socavar su legitimidad y capacidad profesional al frente de su despacho.
El balance de las investigaciones en el tribunal
La Defensoría enfatizó que cualquier debate frente a las decisiones de la JEP debe canalizarse mediante argumentos técnicos y sustento probatorio, alejándose de la estigmatización contra los jueces de la República.
Asimismo, la institución resaltó las actuaciones lideradas por la magistrada frente a los crímenes cometidos por la extinta guerrilla:
- Bajo su despacho se han emitido nueve autos de imputación que vinculan a 74 excomandantes de las Farc por conductas como homicidios, secuestros, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.
- Su labor investigativa en el macrocaso 01 resultó fundamental para que el Tribunal para la Paz sancionara a miembros del extinto Secretariado por los secuestros y abusos perpetrados en el cautiverio.
Riesgos del acoso digital y rol del Congreso
El organismo advirtió que la instrumentalización de cortes de video descontextualizados distorsiona el sentido integral de los procesos judiciales y revictimiza a los participantes de las diligencias. También alertó sobre el impacto del hostigamiento en entornos digitales, el cual trasciende a la esfera privada, la estabilidad laboral y la seguridad física de las mujeres con responsabilidades estatales.
Finalmente, Marín sostuvo que, si bien el Congreso tiene la potestad de controvertir la labor judicial y debatir eventuales ajustes normativos, los parlamentarios tienen el deber ético de verificar rigurosamente los datos que divulgan y de salvaguardar la independencia de los jueces, sin que ello signifique clausurar el análisis crítico sobre las instituciones.
