La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente acusación en contra de la exjefa de la cartera del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, debido a supuestas irregularidades detectadas en la firma de un convenio interadministrativo enfocado en poner en marcha el mecanismo de validación para el ingreso a los escenarios de fútbol en el país.
Una delegada del ente acusador ante la Corte Suprema de Justicia imputó los cargos de contrato sin el lleno de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público a la exfuncionaria. Lo anterior, a raíz de las actuaciones adelantadas para viabilizar la plataforma contemplada en el Decreto 1622 de 2022.
De acuerdo con las pesquisas, en la época en que Urrutia lideraba el Ministerio del Deporte, a dicha entidad le correspondía poner en marcha una solución tecnológica capaz de vincular la cédula de los hinchas con las entradas a los partidos y revisar sus antecedentes judiciales, con el fin de prohibir la entrada a ciudadanos inhabilitados.
El organismo investigador argumenta que la entonces alta funcionaria optó por la contratación directa, a través de un acuerdo interadministrativo con la corporación Aldesarrollo, para evaluar la integración del Sistema de Validación Nacional y la logística de ingreso a las canchas, por una cifra que superaba los 4.950 millones de pesos.
Según el escrito de acusación, el proceso contractual se habría adelantado omitiendo normas que obligaban a propiciar la pluralidad de oferentes. Asimismo, el ente investigador indicó que los elementos probatorios sugieren que el pacto amarró la subcontratación de una persona en específico con quien, presuntamente, se pactó de antemano el desarrollo del proyecto.
El expediente también detalla anomalías detectadas desde los momentos previos a la firma, destacando la falta de estudios de mercado y de análisis técnicos para calcular el costo real del negocio y de las labores previstas.
Dentro de los hallazgos presentados por la Fiscalía figuran igualmente las alertas emitidas por integrantes de los equipos jurídicos y técnicos del propio ministerio durante la fase preparatoria del convenio.
El organismo sostiene que Urrutia Ocoró hizo caso omiso a dichos llamados de atención, los cuales advertían sobre posibles fallas e ilegalidades en distintos trámites contractuales. Pese a las objeciones, el acuerdo interadministrativo quedó suscrito el 30 de diciembre de 2022.
Finalmente, la Fiscalía achacó a la exministra la alteración de documentos oficiales con validez probatoria, puesto que en los estudios previos y en el acto administrativo que justificó el proceso se habrían plasmado afirmaciones contrarias a la realidad.
