Una funcionaria judicial en Colombia fue cobijada con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de máxima seguridad, luego de ser vinculada a una investigación por la excarcelación irregular de un presunto narcotraficante que contaba con requerimiento de extradición.
El ente acusador dio inicio a las indagaciones preliminares tras conocerse el fallo emitido por la togada, cuya identidad se mantiene bajo reserva, el cual hizo posible que el procesado abandonara la cárcel pese a los elementos probatorios que existían en su contra.
Impacto en la cooperación internacional
>La determinación judicial generó un profundo debate en los círculos legales del territorio nacional, debido a las repercusiones negativas sobre el trámite de entrega hacia la justicia de Estados Unidos, país que lo requiere por delitos graves asociados al tráfico de estupefacientes.
Este episodio encendió las alarmas sobre la transparencia en la rama judicial, motivando a las entidades competentes a incrementar los mecanismos de supervisión sobre los servidores públicos. Diversas organizaciones sociales y veedurías ciudadanas manifestaron su inquietud ante situaciones que favorecen la impunidad en estructuras del narcotráfico.
La togada continuará privada de la libertad mientras avanzan las diligencias judiciales orientadas a dilucidar los pormenores de esta polémica determinación que sacudió la institucionalidad del país.
