En medio de los procesos judiciales que salpican al exmandatario Gustavo Petro, Deicy Jiménez se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para radicar formalmente material probatorio. Al salir de la sede judicial, compartió una fotografía en el lugar y afirmó que su propósito es esclarecer la verdad ante el país sobre una presunta red de contratación irregular dentro de la Presidencia de la República.
Durante su comparecencia, Jiménez entregó su teléfono celular al equipo investigador para que se extraigan y analicen los registros de mensajes, videos y conversaciones sostenidas con el ex jefe de Estado. La ciudadana recalcó que su intervención pretende enfocar la atención en el manejo de los fondos estatales: "Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada", puntualizó.
Evidencias y contratos bajo la lupa
Entre las pruebas aportadas destaca un intercambio de mensajes fechado en diciembre de 2025 entre el exgobernante y Angie Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y secretaria general.
En dicha charla, tras informarse sobre la admisión de Rodríguez a un curso académico, el entonces presidente le envió un documento en PDF rotulado como "Deicy Jiménez", sugiriendo que se le mantuviera contratada en el Ministerio del Interior. Los registros indican que Jiménez firmó posteriormente acuerdos en dicha cartera con contraprestaciones superiores a los 11 millones de pesos.
Acciones en el Congreso y denuncias penales
Los hallazgos generaron reacciones inmediatas en el ámbito legislativo. Las representantes a la Cámara Carol Borda y Sara Castellanos, militantes de Salvación Nacional, interpusieron una denuncia formal contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones. La acusación detalla que Jiménez habría suscrito al menos 10 contratos estatales por un valor cercano a los 133 millones de pesos.
La senadora Sara Castellanos explicó que se pidió indagar la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y concusión. "Los recursos públicos no son moneda de cambio. Exigimos investigación, transparencia y que se establezcan las responsabilidades correspondientes", declaró la congresista.
Informe toxicológico y pronunciamiento político
El expediente penal avanza igualmente en un segundo frente a partir de los elementos entregados por Angie Rodríguez. Su abogado, Manuel Nueva, radicó ante el ente acusador un dictamen toxicológico elaborado por un laboratorio en España, el cual arrojó positivo para tres sustancias tóxicas. De acuerdo con la defensa, este análisis respalda la hipótesis de un intento de envenenamiento contra Rodríguez, quien también denunció presuntas irregularidades en la contratación de la administración pasada. El equipo legal solicitó tramitar la inclusión oficial de esta prueba por vía diplomática.
Ante la evolución de las pesquisas, la exsenadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, emitió un comunicado en el que confirmó haber conocido a Jiménez en 2023 cuando esta última laboraba como contratista en la vicepresidencia del Senado. Pizarro rechazó cualquier nexo con anomalías, pidió garantías de protección para la testigo y solicitó ser oída formalmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
