La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dispuso una revisión forense, dentro de las instalaciones de la Fiscalía, al teléfono móvil de Deicy Jiménez. El aparato albergaría posibles pruebas vinculadas con las acusaciones sobre supuestos ofrecimientos de contratos a cambio de actos sexuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en el mandato del exmandatario Gustavo Petro.
El procedimiento judicial pretende corroborar los datos guardados en el equipo y hallar posibles indicios vinculados con el proceso que se adelanta. Jiménez ya rindió testimonio ante la alta corte en el marco de las pesquisas por supuestas anomalías en la vinculación laboral de mujeres en la entidad.
Entre tanto, el testimonio de Jiménez ante el ente investigador sigue en pausa tras la dimisión de su anterior defensor, Felipe Caballero, quien argumentó que la diligencia se había postergado por razones de seguridad. Ahora, la representación legal recae sobre la abogada Dina Malo, a la espera de que se programe un nuevo espacio para su intervención.
Simultáneamente, el organismo investigador convocó a versión libre a Carlos Ríos, actual director del Dapre, para el próximo martes a las 9:00 a.m. La convocatoria surge tras sus declaraciones en el Congreso, donde estimó que el número de mujeres presuntamente perjudicadas llegaría a 48.
De igual forma, se fijó una nueva fecha para la ampliación de la diligencia de Angie Rodríguez, exdirectora de la misma dependencia. Su representación jurídica pidió preservar la confidencialidad de su información personal argumentando motivos de protección y salud mental.
En el curso de las indagaciones, la Fiscalía programa igualmente la diligencia de la exdirectora Laura Sarabia y ejecuta visitas de inspección judicial en las oficinas del Dapre. Asimismo, se evalúa la intervención de Medicina Legal dentro del expediente.
El proceso también avanza en la Corte Suprema, instancia que mantiene abiertos expedientes contra el exmandatario Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro por los presuntos punibles de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.
