El magistrado Danilo Rojas, quien asumió recientemente la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmó que el tribunal atraviesa una etapa determinante caracterizada por la aceleración de sus fallos y la implementación de un fuerte ajuste financiero.
Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el funcionario reconoció que la institución afronta un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos ordenado por el Ejecutivo mediante decreto. No obstante, aseguró que dicha disminución no detendrá la labor judicial prioritaria de la entidad.
En medio del balance institucional, Rojas adelantó que antes del próximo 15 de diciembre se revelarán resoluciones trascendentales dentro de los expedientes abiertos. "De aquí al 15 de diciembre va a haber noticias al menos con 15 o 20... más bien 20 imputaciones de este orden", declaró el líder del tribunal, al detallar que la Sala de Reconocimiento avanza en una agenda para emitir acusaciones en todos los macrocasos.
Este pronunciamiento se da de forma paralela a las recientes convocatorias hechas a exlíderes del antiguo secretariado de las FARC por el reclutamiento ilimitado de 18.677 menores de edad, así como a las determinaciones frente al atentado con un mulares cargados de explosivos ejecutado en Chalán, Sucre.
Por otro lado, el magistrado rechazó que estos avances constituyan una respuesta coyuntural ante el tijeretazo económico o a los cuestionamientos sobre la eficacia del organismo.
"No es una coincidencia, sino un resultado de un trabajo de todos estos años. La JEP viene desarrollando después del año 2018 estos procedimientos dialógicos y ahora empiezan a dar los resultados más importantes", afirmó.
Rojas puntualizó que el tribunal llegó a una fase crucial en su labor: "Es la cosecha de resultados en materia de producción de autos... durante estos años estuvo la JEP recibiendo información, contrastando la información, haciendo versiones, recibiendo testimonios y bueno, es el momento de los resultados".
Asimismo, el togado calificó el momento como paradójico, señalando que ofrecerán la mayor cantidad de fallos precisamente cuando dispondrán de menos recursos, aunque garantizó que actuarán con total rigurosidad.
Plan de austeridad y traslado de sede
Para cumplir con la disminución de fondos decretada por el Gobierno nacional, la JEP pondrá en marcha un esquema estricto de reorganización. Entre las medidas principales figura el cambio de su sede central en Bogotá: la entidad dejará el inmueble de 15.000 metros cuadrados ubicado en la calle 64 con carrera séptima para trasladarse a un espacio de 4.200 metros cuadrados, lo que representará un ahorro anual cercano a los 26.000 millones de pesos.
Dicha reducción locativa obligará a establecer la virtualidad como norma general y a implementar la rotación de puestos de trabajo. Adicionalmente, se aplicará un recorte del 85% en la contratación de prestación de servicios, lo que generará un ahorro estimado entre los 83.000 y 85.000 millones de pesos.
Pese a la magnitud de los ajustes, el presidente de la JEP reiteró los límites de los mismos:
"La reducción que estamos haciendo por mandato de esta regla, esta norma presupuestal no afectará el núcleo esencial de nuestro mandato. Por eso vamos a hacer recortes en donde haya que hacerlo, pero no reducir la actividad judicial central de la JEP".
