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JEP cita a ocho exmilitares por crímenes contra la Unión Patriótica y desapariciones en Bogotá

La JEP citó a ocho exmilitares del Ejército para que respondan por crímenes, torturas y desapariciones contra miembros de la UP y exguerrillas en Bogotá entre 1985 y 1993.

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Fachada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, donde se investigan crímenes de inteligencia militar.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una nueva determinación dentro de sus pesquisas sobre graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en el país. En esta ocasión, la Sala de Reconocimiento de Verdad requirió a ocho antiguos miembros del Ejército Nacional para que respondan como máximos responsables por delitos perpetrados por redes de inteligencia militar en la capital entre 1985 y 1993.

El auto abarca casos vinculados al exterminio de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica (UP), además de arrestos arbitrarios, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de personas señaladas de pertenecer a las desaparecidas guerrillas del M-19, el EPL y las FARC.

De acuerdo con el expediente, las acciones no constituyeron conductas aisladas de ciertos uniformados. El tribunal detectó la operación de una red clandestina dentro de las dependencias de inteligencia estratégica del Ejército que fichaba ciudadanos, ejecutaba seguimientos, emitía señalamientos y coordinaba misiones encubiertas.

En total, la JEP recopiló 27 episodios criminales que dejaron 33 víctimas: 18 asociadas a la UP y 15 integrantes de las exguerrillas. Del total de afectados, ocho continúan en calidad de desaparecidos.

Exmilitares llamados a responder

Los comparecientes citados por el tribunal de paz son:

  • Luis Guillermo Hernández González (sargento mayor retirado)
  • Mauricio Angarita (sargento mayor retirado)
  • Julio Roberto Ortega Araque (sargento viceprimero retirado)
  • Bernardo Alfonso Garzón Garzón (sargento viceprimero retirado)
  • Carlos Armando Mejía Lobo (coronel retirado)
  • Óscar Diego Sánchez Vélez (coronel retirado)
  • Camilo Pulecio Tovar (teniente coronel retirado)
  • Álvaro Hernán Velandia Hurtado (brigadier general retirado)

La investigación conecta sus conductas con redes que operaron inicialmente en el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, posteriormente en el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y en la Brigada 20. Asimismo, la JEP indicó que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) estuvo al tanto de los hechos.

Dos patrones de criminalidad

El tribunal focalizó su análisis en la identificación de dos lógicas criminales específicas.

El primer patrón afectó directamente a la Unión Patriótica. Según la JEP, agentes de inteligencia ejecutaron labores de estigmatización, vigilancia, hostigamiento y homicidios selectivos contra figuras visibles de esta colectividad.

Este partido político surgió en 1985 bajo las negociaciones de paz entre la administración de Belisario Betancur y las FARC, consolidándose como una opción legal con representación en corporaciones públicas. No obstante, sus copartidarios padecieron una persecución sistemática.

La justicia transicional determinó que sectores castrenses vincularon al partido con las FARC bajo la tesis de un proyecto insurreccional, facilitando su marcación como blancos militares. En Bogotá, la JEP documentó 353 víctimas de la UP entre 1984 y 2016, concentrándose el 53,8 % de los casos en el periodo comprendido entre 1985 y 1993.

El segundo patrón se dirigió contra simpatizantes del M-19, el EPL y las FARC, quienes sufrieron detenciones al margen de la ley, traslado a centros clandestinos, torturas y, en múltiples eventos, homicidio y desaparición.

El tribunal recalcó que varias de las víctimas se hallaban desarmadas o fuera de combate, recordando que el derecho internacional humanitario protege a quienes cesan su participación en las hostilidades o están bajo custodia del Estado.

Casos emblemáticos

Entre los expedientes figura el de Nydia Érika Bautista, militante del M-19 aprehendida el 30 de agosto de 1987 en Bogotá. Fue conducida a un sitio secreto en Soacha, donde sufrió torturas y violencia sexual antes de ser asesinada y abandonada en Guayabetal, Cundinamarca. Su hermana, Yanette Bautista, ha liderado durante décadas la búsqueda de justicia en este icónico caso de desaparición forzada.

Adicionalmente se documentaron los casos de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila (detenidos y desaparecidos en junio de 1987), el homicidio del dirigente comunista y de la UP José Miller Chacón en noviembre de 1993, y las amenazas que forzaron el exilio de la entonces presidenta de la UP, Aída Avella.

Efectos judiciales y humanitarios

La JEP aclaró que esta convocatoria no constituye una condena definitiva, sino una atribución de responsabilidad en el marco transicional para que los comparecientes aporten verdad o refuten los hallazgos.

La determinación conlleva obligaciones humanitarias: en un plazo de 15 días hábiles, los exuniformados deben entregar un plan detallado para dar con el paradero de las ocho personas aún desaparecidas, facilitando rutas de traslado, sitios de cautiverio y nombres de posibles testigos.

Quienes reconozcan su responsabilidad y entreguen verdad plena podrán recibir sanciones propias de cinco a ocho años con restricciones de derechos y trabajos restaurativos, evitando penas de prisión ordinaria. En contraste, quienes rechacen los cargos se exponen a procesos adversariales ante la Unidad de Investigación y Acusación, con condenas ordinarias de hasta 20 años de reclusión.

Con información de movimientocolombia.com.

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