El Gobierno nacional llevó formalmente ante la Cámara de Representantes la ley de rescate fiscal, una propuesta legislativa compuesta por 105 artículos que pretende cerrar la brecha del déficit en las cuentas públicas y asegurar los recursos para el presupuesto de la vigencia entrante.
El titular de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, encabezaron la entrega del articulado y precisaron que siete de cada diez pesos del saneamiento provendrán de políticas de austeridad burocrática y recortes en el gasto del Estado.
De acuerdo con la cartera económica, el propósito central es conjurar un escenario de crisis financiera derivado de los altos niveles de deuda y de gasto heredados del mandato precedente. Gómez puntualizó que la iniciativa representa el pilar indispensable para ordenar la caja estatal e impulsar el crecimiento productivo en el mediano plazo, alertando que prescindir de este ajuste pondría en riesgo la viabilidad del presupuesto del año próximo.
Cuestionamientos a la gestión anterior
El vicepresidente Restrepo describió el panorama actual como una situación crítica que demanda acciones de fondo sin dilaciones, responsabilizando a la administración del expresidente Gustavo Petro por el deterioro de las variables macroeconómicas del país. Enfatizó que la estrategia se concentrará en reducir el tamaño del aparato estatal antes que en incrementar la carga tributaria sobre los sectores de menores recursos.
«La primera decisión de la ley de rescate es ser conscientes que lo primero que tiene que hacer el Estado es apretarse el cinturón. Significa enfrentar la politiquería, la corrupción, el gasto innecesario y la burocracia desbordada», sostuvo el vicepresidente durante la radicación, ratificando que el 70 % de la meta fiscal se alcanzará con la contención del gasto público.
En su intervención, Restrepo fue enfático sobre el balance recibido: «En síntesis, nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda».
Modificaciones tributarias y medidas sociales
El proyecto establece un esquema impositivo progresivo y de alivio social. Entre sus puntos destacados figuran:
- Compensación social: Se prevé la entrega anticipada de la devolución del IVA a cerca de 19 millones de ciudadanos en condición de pobreza y vulnerabilidad, lo que abarca al 38 % de la población nacional.
- Beneficios para mipymes: Una reducción de tarifas impositivas que alcanzará a nueve de cada diez empresas colombianas, priorizando microestablecimientos y nuevos emprendimientos.
- Ajustes al IVA: Se plantea que, a partir del 1 de enero de 2028, una lista determinada de bienes y servicios pase de una tarifa del 5 % a la tarifa general del 19 %.
Lucha contra la evasión y enajenación de activos
En el frente sancionatorio, el documento propone penas privativas de la libertad para quienes incurran en contrabando o evasión tributaria, conductas que el Ejecutivo catalogó como modalidades de corrupción que drenan los ingresos del país. A su vez, se diseñará un sistema de incentivos para premiar a los contribuyentes que permanezcan al día con sus obligaciones fiscales.
Por último, para mitigar el endeudamiento de la Nación, se autorizará la venta de bienes estatales improductivos cuyos costos de administración resulten onerosos; el recaudo obtenido mediante estas enajenaciones irá exclusivamente a la amortización de la deuda pública. La discusión de la iniciativa arrancará en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes.
