En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional para subsanar vicios de trámite en la Ley 2381, la plenaria de la Cámara de Representantes desestimó tres proposiciones que pretendían modificar los artículos 11, 14 y 19 de la reforma pensional.
La votación se resolvió de forma casi unánime con 94 votos por el archivo de los cambios, con excepción del artículo 11, en el cual se contabilizaron 93 sufragios por el no y uno por el sí.
Las razones para negar las modificaciones
El representante a la Cámara Octavio Cardona detalló los argumentos técnicos y jurídicos por los cuales estas iniciativas fueron descartadas, manteniendo intacto el texto en esos apartados.
«Una que los cálculos actuariales y los bonos pensionales fueran manejados desde el Departamento Nacional de Planeación, lo cual va en contravía del manejo que le viene dando el Ministerio de Hacienda; la segunda que se dejara en libertad a los fondos para que las inversiones se realizaran de manera autónoma y eso va en contra de la responsabilidad del Estado de controlar la plata que es individual, los fondos no pueden hacer lo que quieran con esa plata; y la tercera era una proposición que tenía como propósito que los fondos pudieran garantizar que la plata era de cada persona y eso ya esta reglamentado», sostuvo el congresista.
Pendientes y contrarreloj en el Congreso
La plenaria retomará la discusión este miércoles, 28 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, con el propósito de abordar las siete proposiciones que restan por evaluar.
Entre los puntos pendientes figuran dos iniciativas radicadas por Jennifer Pedraza, que según el alto tribunal no recibieron el trámite correspondiente en su momento. La congresista señaló que una de ellas busca frenar lo que considera un beneficio desmedido para las administradoras privadas de pensiones:
«Se pretende eliminar el mico (un parágrafo) donde se le paga doble comisión a los fondos privados, incluyendo el 0,7 % que van a recibir, ya no de la cotización mensual de los afiliados, sino del stop acumulado», afirmó Pedraza, enfatizando que se busca igualdad frente a lo que percibe Colpensiones. Su segunda propuesta apunta a prohibir que estas entidades efectúen autopréstamos.
El Legislativo enfrenta una carrera contra el tiempo, dado que el término concedido por la Corte Constitucional expira el próximo viernes 30 de octubre. Aunque desde el Congreso se solicitó una extensión de 30 días para culminar el procedimiento, el tribunal todavía no ha emitido un pronunciamiento.
